La doctora dice que vamos bien, la realidad nos dice otra cosa
La economía mexicana enfrenta inseguridad regional, mínimo o nulo crecimiento económico en 2025, presión inflacionaria en productos básicos y un sector financiero afectado por la incertidumbre jurídica. A esto se suma la reforma judicial impulsada por el gobierno, que ha generado desconfianza en inversionistas y empresarios. Mientras el país intenta mantener la estabilidad, la amenaza de aranceles intermitentes de Trump y el hallazgo de centros de exterminio evidencian un panorama complejo para el sector productivo, el empleo formal y el desarrollo regional.
Inseguridad y presión económica. El hallazgo de un centro de exterminio en Teuchitlán, Jalisco, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha sacudido al país. Más allá del impacto social, pues las autoridades en sus tres niveles reflejan incapacidad y la inseguridad tiene un alto costo económico. Según el INEGI, la violencia representa el 5.69% del PIB, afectando sectores clave como el turismo y la inversión extranjera. En estados con alta actividad criminal, los costos de producción aumentan debido a la extorsión, los robos y la necesidad de seguridad privada.
Además, el clima de violencia ha generado una fuga de capitales. En 2024, México registró una salida de inversión extranjera por más de 10,000 millones de dólares, la mayor desde 2009. Esta incertidumbre impacta la generación de empleo formal y el desarrollo regional, especialmente en sectores manufacturero y energético.
Trump y sus aranceles. La relación comercial con Estados Unidos sigue siendo un factor determinante. La amenaza constante de aranceles por parte de Donald Trump ha frenado inversiones y afectado la competitividad de la industria mexicana. Solo en los últimos meses, las tensiones comerciales han provocado una depreciación del peso, que pasó de 17.50 a 21.40 por dólar, elevando los costos de importación y presionando la inflación.
La industria automotriz, que representa el 20% de las exportaciones mexicanas, es una de las más afectadas. Estados clave como Guanajuato, Coahuila y Nuevo León han reportado pérdidas de inversión debido a la incertidumbre comercial. Si bien el nearshoring ha traído oportunidades, la inestabilidad política y la inseguridad han reducido su impacto positivo en la economía.
El encarecimiento de las importaciones ha impulsado la inflación, que se mantiene por encima del 5.5%. Esto golpea el poder adquisitivo y ha llevado a la gente a reducir su consumo, afectando sectores como el comercio y la vivienda.
El precio de la gasolina también ha sido un factor a considerar. El incremento en los costos de transporte y logística ha afectado a pequeñas y medianas empresas, generando un efecto dominó en el sector productivo. Lo anterior llevó a un control de precio acordado de 23.99 por litro, el cual deberá revisarse y se ve difícil mantenerlo más allá de algunos meses.
El sector financiero en jaque por la reforma judicial. Uno de los mayores factores de incertidumbre en el país es la propuesta de reforma judicial, que busca modificar la estructura del poder judicial y cambiar el método de selección de jueces y ministros. Para el sector financiero, esto representa un riesgo enorme.
Bancos y fondos de inversión han advertido que la reforma podría debilitar el Estado de derecho y generar inseguridad jurídica en contratos y créditos. La alta concentración del negocio financiero en unos cuantos participantes es consecuencia de lo mismo.
El sector empresarial estará alerta después de la elección judicial, pues la reforma desincentivará la inversión y podría provocar un mayor encarecimiento del crédito. Si el sector financiero percibe mayor riesgo en el país, las tasas de interés subirán, afectando desde créditos hipotecarios hasta financiamiento empresarial.
México enfrenta una combinación peligrosa de factores internos y externos que están afectando su crecimiento económico y estabilidad financiera. Mientras la inseguridad sigue minando el desarrollo regional, la volatilidad cambiaria y la inflación golpean a las empresas y consumidores.
La reforma judicial, lejos de aportar certeza, ha generado dudas sobre la viabilidad del sistema financiero y la protección de los derechos de los inversionistas. En este contexto, el país necesita políticas que fomenten la inversión, mejoren la seguridad y den certidumbre jurídica. De lo contrario, el estancamiento económico podría profundizarse en esta administración, con consecuencias graves para el empleo formal y el desarrollo regional.
X: @MarioSanFisan | CEO FISAN SOFOM ENR
Banquero a nivel Directivo con más de 30 años de experiencia de negocios. Ex presidente nacional AMFE corporativo@fisan.com.mx
