El horror en Jalisco
El hallazgo de evidencias en el “Rancho Izaguirre”, en Jalisco, confirma una verdad ineludible: México vive una crisis humanitaria ante la cual el Estado ha mostrado negligencia, cuando no complicidad. Las imágenes de decenas de zapatos, mochilas y cuadernos encontrados por colectivos de búsqueda revelan el tamaño del horror, mientras las autoridades reaccionan con una tibieza sistemática.
El Ejército y la Guardia Nacional realizaron un operativo en el lugar en septiembre de 2024. Detuvieron a diez personas, rescataron a dos víctimas maniatadas y localizaron un cuerpo sin vida. En su informe, mencionaron el aseguramiento de armas de alto poder, granadas, cargadores y vehículos. Sin embargo, nada dijeron sobre los indicios que apuntan a la desaparición masiva de personas.
Las preguntas son inevitables: ¿no lo vieron o decidieron omitirlo? Si lo reportaron, ¿por qué la Fiscalía General de la República no lo informó? ¿Dónde están las personas detenidas? La intervención de las fuerzas federales pone el caso en el ámbito de su competencia, pero el gobierno de Jalisco también debe rendir cuentas.
El gobernador de Jalisco, Jesús Pablo Lemus Navarro, en un intento patético de deslindarse, ha dicho que esto no ocurrió en su administración. Argumento absurdo cuando las desapariciones han sido constantes y las cifras oficiales, de por sí alarmantes, están desactualizadas desde hace cuatro años. Jalisco, como otras entidades, dejó de alimentar el padrón nacional de personas desaparecidas, lo que ha contribuido a la opacidad y a la falta de justicia.
El Estado mexicano, en todos sus niveles, ha normalizado la barbarie. La estrategia de seguridad se ha limitado a detener delincuentes y confiscar drogas. En la narrativa oficial, los anuncios se enfocan en cuántos fueron capturados y cuántos kilos de drogas fueron asegurados, pero nunca en cuántas personas han sido rescatadas con vida ni en las investigaciones para identificar a los responsables de las desapariciones.
El especialista Jacobo Dayán lo ha dicho con claridad: la política de seguridad ignora las desapariciones masivas. Mientras los colectivos de búsqueda hacen el trabajo que debería corresponder al Estado, las autoridades continúan presentando cifras maquilladas para simular avances.
El caso del rancho Izaguirre es una evidencia más de la impunidad rampante. Que haya historiadores como Lorenzo Meyer comparando la magnitud del horror con Auschwitz debería ser suficiente para sacudir conciencias, pero ni siquiera eso ha despertado una reacción contundente del gobierno.
El silencio oficial es un insulto a las víctimas y a sus familias. La falta de justicia perpetúa la tragedia y envía un mensaje claro: en México, las desapariciones pueden seguir ocurriendo sin consecuencias.
El pueblo mexicano, pero sobre todo el Estado, no puede seguir permitiendo que la crisis de derechos humanos sea tratada como un problema menor. La obligación gubernamental es esclarecer este caso y los cientos que se han acumulado en la historia reciente. La sociedad ya hizo su parte: documentó, denunció y exigió justicia. Ahora, la pelota está en la cancha de quienes dicen -y presumen- gobernar. Municipales, estatales y federales.
X: @JoseVictor_Rdz | Premio Nacional de Derechos Humanos 2017
