México perdido: Jalisco

Las desapariciones forzadas, la violencia, el horror del crimen organizado y la corrupción han convertido a la tierra del tequila y el mariachi, tan representativa de México, en uno de los lugares más peligrosos del país.

Jalisco ha sido gobernado desde hace más de seis años por Movimiento Ciudadano de Dante Delgado, otro de los partidos remoras de Morena. De tiempo atrás la entidad vive una crisis en materia de seguridad que se agudizó a partir de que uno de los más sangrientos cárteles, el de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se asentó y extendió por el estado y en varias regiones de México.

El hallazgo del campo de exterminio en Teuchitlán es una escalofriante e indignante muestra de los extremos a los que estos grupos delincuenciales son capaces de llegar.

Estas mafias no tienen límite

No podemos y no debemos normalizar la violencia., las desapariciones, las muertes, los crematorios clandestinos son algo deshumanizante e infrahumano y reflejo de la podredumbre social, política y económica que existe a nivel nacional, estatal y municipal.

Ya es incontable el número de víctimas que han perdido la vida a manos de la delincuencia organizada; una delincuencia tan bien organizada que rebasa a cualquier organización del gobierno o ciudadana y una descomposición social que ha llegado a niveles inimaginables, mientras el gobierno desestima y normaliza los hechos.

En Jalisco la violencia es brutal. Hay que recordar en agosto de 2023 la desaparición y muerte de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, un tema que impactó al mundo, pero que las autoridades estatales y del gobierno federal miraron con desdén.

Pero, cómo ignorar, cómo no indignarse o asombrarse con hallazgos tan macabros como lo encontrado en el rancho de Teuchitlán donde se localizaron entre otras pertenencias, al menos 200 pares de zapatos, los restos de un campo de exterminio.

Según la representante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, Indira Navarro, la existencia de este tipo de “centros de reclutamiento forzado y exterminio” al que presumiblemente los grupos delictivos llevan a los desaparecidos, era un “secreto a voces”. Ella nunca había visto uno, hasta el 5 de marzo, cuando el colectivo que encabeza logró ingresar al rancho de Teuchitlán donde encontraron decenas de artículos personales como ropa, zapatos, mochilas, algunas identificaciones y listas con nombres y apodos, además de al menos tres hornos crematorios en los que descubrieron restos óseos incinerados ocultos en una plancha de ladrillo y tierra.

Son hechos que nos superan y rayan en lo macabro, vamos, ni en una guerra pasan estas atrocidades y lo más grave, que no fueron las autoridades, fue una organización de madres buscadoras quien tuvo el valor de encontrar y denunciar este terrible lugar.

Se avientan la bolita

Las autoridades que no actuaron reaccionaron rápidamente a deslindarse. La Fiscalía General de Justicia de Jalisco informó que ese sitio fue descubierto en septiembre de 2024 en un operativo realizado por la Guardia Nacional donde detuvieron a 10 personas y que un número no determinado consiguió escapar.

Pero, para el colectivo de buscadores, “resulta imposible aceptar que este mega campo de exterminio operara sin la complicidad de autoridades o fuerzas de seguridad”.

Por su parte el fiscal general de la república, que ha estado ausente como autoridad responsable de consignar a los delincuentes del crimen organizado, salió a aventar culpas y a contradecir lo declarado y presentado por la Fiscalía de Jalisco: “No es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”.

¿Quién miente, la Fiscalía de Jalisco o Gertz? Si es cierto lo que aseguró la autoridad del estado y ya se sabía de este lugar desde el año pasado, su responsabilidad es mayúscula, debió haber actuado e investigar y preparar las ordenes de aprehensión correspondientes, y si lo ocultaron, fue seguramente para proteger a los responsables.

La tradición del narco

Aquí cabe recordar que la violencia de Jalisco tiene sus orígenes con el surgimiento y asentamiento del cártel que comandó el recién extraditado Rafael Caro Quintero, que tuvo su auge en los años 70 y 80, justo cuando Alejandro Gertz era encargado de la Operación Condor, cuya finalidad era detener el flujo de drogas de México a Estados Unidos a través de un trabajo conjunto entre las Fuerzas Armadas y la DEA.

En los expedientes desclasificados de la DEA y los documentos publicados por Guacamaya Leaks se advierte que la Operación Cóndor también habría servido como un supuesto “pacto” entre el Estado y el crimen organizado, toda vez que la Dirección Federal de Seguridad se dedicó a eliminar a los capos menores para proteger a aquellos con mayor renombre, como Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo, Manuel Salcido, Rafael Caro Quintero y no olvidar el terrible enredo por el asesinato del agente de la DEA Enrique el Kiki Camarena, donde también Manuel Bartlett está involucrado.

La violencia en Jalisco tiene décadas gestándose ante la inacción y complacencia de las autoridades y la brutalidad del crimen organizado, que Gertz Manero omitió todo el sexenio de AMLO, hoy cobra especial sentido bajo la luz de los fuertes vínculos del Fiscal General con el crimen organizado que se remontan a los años setenta.

X: @diaz_manuel