Téllez busca que por Ley, Ejecutivo enfrente a los cárteles

La senadora plurinominal panista, Lilly Téllez busca que, por Ley, el titular del Ejecutivo esté obligado a combatir a los cárteles del narcotráfico.

Lo anterior, según la iniciativa con proyecto de decreto, en la que propone reformar el Artículo 89 de la Constitución para que la persona titular del Poder Ejecutivo tenga la obligación indeclinable y así evitar que dicha obligación y otras, se desvirtúen o se evada su cumplimiento.

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En el documento de la legisladora por Sonora se indica que, además de que es fundamental explicitar dicho mandato ante el aumento de la fuerza de los grupos de la delincuencia organizada, también busca que, en caso de que no se cumpla, por inacción, permisividad o insuficiencia en la acción estatal puede derivar en responsabilidad jurídica nacional o internacional.

Téllez García destaca que su propuesta complementa los recientes cambios a la Carta Magna que recién se aprobaron, ante todo porque desde el extranjero se le muestra al Estado mexicano “cómo actuar frente a los cárteles de la droga”, y complementa la iniciativa que ha presentado en 3 ocasiones para que México declare terroristas a los cárteles.

Detalles de la iniciativa

En su proyecto, la senadora blaquiazul busca adicionar un párrafo al iniciso VI del Artículo 89 de la Constitución, que reza “Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

Por lo que, de avanzar la propuesta de la también exconductora, el texto constitucional quedaría así:

“Preservar la seguridad nacional, en los términos de la ley respectiva, y disponer de la totalidad de la Fuerza Armada permanente, o sea del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y de la Guardia Nacional para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación.

En cumplimiento de esta facultad, el Presidente de la República tiene la obligación indeclinable de garantizar la seguridad de los mexicanos y combatir a los grupos de la delincuencia organizada, en particular a los cárteles de la droga, mediante el uso de todos los recursos del Estado”.

Foto: Especial | 

Busca que cárteles sean terroristas

Hace casi 3 semanas, la senadora del PAN buscó, por tercera vez, que en México se declaren como terroristas a los cárteles de la droga, incluso, propuso que se enfrente con una guerra a dichos grupos.

En la Gaceta del 19 de febrero, apareció la iniciativa presentada por la representante de Sonora, en la que subraya que, ante la Orden Ejecutiva del presidente de Estados Unidos, Donald Trump de analizar la clasificación de los cárteles como terroristas, en México se requiere “un enfoque más drástico. A grandes problemas, grandes soluciones”.

Para ello propuso la incorporación de un capítulo a Ley de Seguridad Nacional que dé a la Comisión Bicameral del Congreso la facultad para dicha medida. A través de un régimen de excepción especial, que incluiría el uso de fuerza letal en operativos.

“Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional podrán hacer uso de la fuerza letal contra miembros de una organización terrorista nacional sin incurrir en responsabilidad penal cuando participen en operativos autorizados por el Consejo de Seguridad Nacional”, detalla la exposición de motivos.

Propone también intervenir comunicaciones

Incluso, la iniciativa de Téllez García propuso la intervención de comunicaciones privadas sin previa autorización judicial.

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Además, la propuesta incluyó que el Estado mexicano “deberá coordinarse con agencias internacionales de seguridad y otros estados para la persecución de cualquier organización ‘terrorista’ mexicana”.

“Se considerará organización terrorista nacional a cualquier organización de la delincuencia organizada dedicada a la producción, tenencia, tráfico, proselitismo y cualquier otro acto en materia de narcóticos que, en el territorio nacional, realice actos sistemáticos de violencia extrema con la finalidad de intimidar a la población.

Desafiar la autoridad del Estado, influir en las políticas gubernamentales o cualquier otra actividad ilícita que representen una amenaza para la seguridad nacional, la estabilidad institucional, la integridad territorial del Estado mexicano o la integridad física de las personas”, se leía en el documento de la panista.