El rancho Izaguirre, el horror

Centro de reclutamiento, adiestramiento, tortura y exterminio. Cuatrocientos zapatos, ropa, una mochila del Partido Verde, objetos personales, cartas, tres hornos crematorios. Los relatos de los sobrevivientes son aterradores. No lo puedo creer, pero es verdad. El rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, la escuelita del terror. La realidad siempre supera a la ficción.

La aplicación de mapas de Google marca una distancia de 62.6 kilómetros del centro de Guadalajara al centro de Teuchitlán, en un tiempo en automóvil de una hora con 19 minutos. Hago zoom en la aplicación y aparece una zona arqueológica y varios hoteles, como la Hacienda San Nicolás de las Fuentes. Ante las narices de las autoridades municipales, estatales y federales se cometieron actos aberrantes que demuestran la crueldad e impunidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), así como la negligencia o complicidad de las autoridades.

Esto no es terrorismo, es algo peor: genocidio, crimen contra la humanidad. ¿Cómo catalogar estos hechos? Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, y Claudia Sheinbaum, primera presidenta de México, tienen que hacer justicia; se lo deben a las víctimas, nos lo deben a los ciudadanos. Ambos tienen la legitimidad, los recursos y el poder para hacerlo.

En 2024, el rancho fue asegurado y detuvieron a diez personas. ¿Por qué no encontraron los crematorios, los cientos de zapatos y de prendas de ropa? ¿Por qué no escucharon los testimonios de los sobrevivientes? ¿Por negligencia, complicidad, falta de recursos o miedo?

Es importante sancionar a las autoridades que fueron, por lo menos, negligentes. Pero lo fundamental es identificar a las víctimas y presentar ante la ley a los culpables. ¿Es posible aspirar a la justicia en este caso o, simplemente, con el paso del tiempo, el tema se desvanecerá entre la dinámica cotidiana?

Si México no cuenta con los recursos para una investigación de esta magnitud, que de algo sirva la cooperación con Estados Unidos. Claro que de manera coordinada y con respeto a la soberanía. Pero si la Fiscalía de Jalisco o la Fiscalía General de la República no cuentan con la tecnología o el personal necesario para los análisis y estudios requeridos, tomémosle la palabra a Trump y su cruzada contra los principales cárteles mexicanos.

No olvidemos que los desaparecidos y sus familiares son víctimas de estos grupos criminales. Tenemos mucho que agradecer y más que apoyar a los Guerreros Buscadores de Jalisco y demás grupos de madres y familiares de este tipo que existen en el país. Por la terrible realidad que viven, se han convertido, tristemente, en el recurso humano más valioso para la búsqueda de personas desaparecidas.

El sexenio pasado se descalificó su labor, grave error, porque facilitó que gobernadores y autoridades se lavaran las manos. En esta administración las cosas cambiaron. Lo que se espera y se necesita es una estrecha cooperación entre los grupos buscadores y las autoridades. Solo con esta colaboración podrían lograrse mejores resultados en la localización de personas desaparecidas.

Eso pienso yo. ¿Usted qué opina? La política es de bronce.