Michoacán lanza paquete de reformas contra deudores alimentarios
El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla firmó un paquete de reformas en materia de obligaciones alimentarias para obligar a los deudores alimentarios a cumplir con los requerimientos de comida, desarrollo físico, educativos y psicológicos de sus hijas e hijos.
La propuesta, que será enviada al Congreso local, contempla modificar 50 artículos correspondientes a 13 leyes y dos códigos para que los deudores alimentarios cumplan con sus obligaciones, de lo contrario, podrán hacerse acreedores a penas de 3 a 5 años de prisión y multas de 100 a 400 Unidades de Medida y Actualización.
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Prohibiciones para deudores alimentarios
Ademas, señaló que los deudores alimentarios no podrán ocupar cargos de servidores públicos en cualquiera de los tres poderes, en el ámbito estatal y municipal; se prohíbe tramitar o renovar, concesiones de todo tipo, permisos y constancias de transporte, así como licencias de conducir y en caso de matrimonio se informa a los contrayentes, si alguno es deudor alimentario.
Ramírez Bedolla destacó que esta propuesta que planté para Michoacán se trata de la reforma más avanzada del país, la cual es el resultado de una conciencia civilizadora, ya que no se puede avanzar con principios machistas de la edad media y del autoritarismo patriarcal.
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Señaló que fortalece los mecanismos de exigibilidad al establecerse procedimientos más ágiles para requerir a quienes incumplan con las obligaciones alimentarias; sanciones más severas para quienes contando con capacidad económica no cumplan con sus responsabilidades; protección integral para la niñez con el que se garanticen los alimentos, atención médica y psicológica y educación; así como coordinación interinstitucional para que se garantice que ningún niño quede desprotegido.
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El gobernador de Michoacán contextualizó que cinco de cada 10 niños y adolescentes no reciben pensión posterior al divorcio, mientras que tres de cada cuatro hijos de padres separados enfrentan la misma situación.
“Es un acto de justicia social a las mujeres que han alzado la voz en defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para que cuenten con igualdad de oportunidades”, manifestó.
