Autoridades de Salud locales deben garantizar acceso al aborto: SCJN
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las autoridades locales de Salud tienen la obligación de implementar acciones para garantizar el acceso al aborto.
Al resolver una contradicción de criterios sustentada entre diversos Tribunales Colegiados de Circuito, determinó que las autoridades administrativas locales tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir el embarazo de forma voluntaria.
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En su momento, dos Tribunales Colegiados sostuvieron que, derivado de los derechos constitucionales y convencionales, así como de lo resuelto por La Corte en una acción de inconstitucionalidad, existía una obligación de las autoridades locales de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar el derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo.
Por el contrario, otro Tribunal Colegiado resolvió que no podía sostenerse esa obligación, porque no existía un mandato específico para las autoridades en la Constitución Federal o en las leyes, y la obligación no podía derivar de una sentencia del Alto Tribunal en la que no fue parte una determinada entidad federativa.
Foto: Cuartoscuro/Archivo | Serán las autoridades locales de Salud quienes deberán garantizar el acceso al aborto, determinó la SCJN.
Las mujeres pueden ejercer su derecho al aborto de manera voluntaria
Al resolver la contradicción, La Corte destacó que para que las mujeres y personas con capacidad de gestar puedan efectivamente ejercer su derecho a interrumpir de manera voluntaria su embarazo, resulta indispensable que existan servicios médicos seguros, disponibles, accesibles, aceptables, asequibles, respetuosos y de calidad que les permitan hacerlo.
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En virtud de lo establecido en la Constitución Federal, instrumentos internacionales y la Ley General de Salud, así como de la interpretación que La Corte ha hecho a través de diversos precedentes, resulta claro que las autoridades locales del sector salud tienen la obligación de implementar, difundir y organizar los servicios de salud para garantizar específicamente el acceso al aborto electivo o voluntario.
