Desplazados Nahle y Jara por Yunes y Murat…y Andy

La oposición de los gobernadores de Veracruz y Oaxaca a la afiliación a Morena de Miguel Ángel Yunes Márquez y Alejandro Murat, no solo tiene que ver con que representan la antítesis de los principios del partido del gobierno, sino en el reparto de poder.

La afiliación de Yunes en Veracruz supone el desplazamiento de la gobernadora Rocío Nahle como la principal responsable del proceso en el que se elegirán 212 alcaldes el próximo junio.

Nahle tenía repartidas las posiciones entre quienes la ayudaron a ganar la gubernatura y algunos recomendados del centro del país, pero la afiliación de Yunes y el descarado reconocimiento que le hicieron en el Senado a cambio de traicionar al PAN, cambia totalmente la ecuación.

No es gratuito que una gobernadora, tan cercana a López Obrador, haya protestado en contra de la decisión de su partido a pesar de que la unción del expanista haya sido bendecida por Andrés López Beltrán, quien ya demostró que la militancia y la congruencia política le valen dos cacahuates.

Lo mismo pasa en Oaxaca, en donde Salomón Jara ha desatado una guerra en contra de Murat, ha tal grado que ha ordenado a senadores y diputados oaxaqueños de la bancada morenista utilizar las tribunas del Congreso para patentar su inconformidad.

Al final de cuentas, quedó demostrado en los hechos que la presidencia morenista, a cargo de Luisa María Alcalde, es una caricatura pues ahí manda “Andy’’ y que, si la presidenta Sheinbaum no da un orden en contra, las protestas de Nahle y Jara solo serán anécdota.

El que se iba a su rancho, no suelta el bastón de mando.

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Los diputados de Morena y sus rémoras aprobaron ayer la reforma a la Ley de Amparo, promovida por López Obrador.

Entre los cambios más importantes está que las sentencias que dicte la Corte en materia de inconstitucionalidad de normas generales, no pueden tener efectos generales.

Es decir, que si alguien se ampara en contra de una decisión de gobierno, el amparo sólo protegerá a quien presente el recurso y no a toda la población que resulte afectada.

Eso deja a la población con menos recursos económicos en la indefensión ante una decisión de gobierno, pues pocos pueden pagarse un abogado para tramitar un juicio de amparo.

El otro cambio fundamental es que ahora, para declarar inconstitucional una ley promovida por el gobierno, ya no se requerirán 8 de los 11 votos de los ministros de la Corte sino solo 6, para, según los morenistas, “evitar una minoría de pueda bloquear resoluciones fundamentales para el avance del país”.

Aunque aquí habría que precisar un detalle: de acuerdo a la reforma al poder judicial, la próxima Corte estará integrada por 9 ministros, lo que implicará que las declaraciones de inconstitucionalidad de una ley se realice por dos tercios del pleno.

Esta reforma tiene su fundamento, según los morenistas, en el hecho de que grupos de poder “abusaron” del derecho de amparo “para frenar políticas públicas en beneficio de la Nación’’.

¿Cómo la ve?

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Algunos laboratorios y personal médico han puesto los ojos en las prácticas poco usuales de la empresa Seegene, a la cual señalan de incentivar a personal médico y sanitario para referir sus productos.

Dicha empresa tiene contratos con el Laboratorio de Salud Pública del Edomex, la Universidad de Guadalajara y el Hospital Juárez de la CDMX.

Puede ser una acusación sin fundamento, pero no está por demás que las autoridades respectivas le echen un ojito, sólo para evitar ooootro problema en el sector salud.

     @adriantrejo