¿Por qué nos importa tan poco el combate a la corrupción?
Uno de los problemas más sensibles para la ciudadanía en México es la corrupción y todo el sistema de justicia que lo rodea para castigarla. Lo paradójico es que no hay una acción enfocada a modificar cómo se vigila y se castiga ese delito.
En buena parte de los sistemas, tenemos a los políticos vigilando la operación de su propio grupo. Y lo cierto es que los esfuerzos por conformar las fiscalías o los órganos de vigilancia contra la corrupción difícilmente están en las prioridades de las personas de a pie.
Es decir, el tema de la corrupción ocupa buena parte de la preocupación ciudadana, pero hay pocos incentivos para erradicarla. En las encuestas hechas en calle los argumentos son que las denuncias son difíciles de hacer, caras y riesgosas. El castigo casi nunca llega.
En años recientes, se crearon distintas fiscalías que específicamente castigan estos delitos, sin embargo, sus resultados son pocos y aislados. Según Transparencia Mexicana, desde 2020 México tiene la misma calificación en el índice de percepción de corrupción. Obtiene 31 puntos de 100 posibles.
Quizá como país podríamos navegar como hasta ahora, con algunas alternativas de vigilancia y con esfuerzos un poco a medias para atacar la corrupción. La participación de organizaciones de la sociedad civil, la vigilancia ciudadana o confiar (muy) de vez en cuando en las fiscalizaciones que hace la oposición como parte de sus funciones de contrapeso.
El problema es que buena parte de la acción ciudadana se verá seriamente afectada con los recortes hechos por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Los fondos para las organizaciones que podían hacer una vigilancia alterna quedaron cerrados de tajo, con lo que quedamos a merced de la acción que tomen las instituciones desde el Estado para resolver el tema.
Es ahí cuando quiero llevar el foco al proceso de selección del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Ciudad de México. Durante la segunda quincena de enero, el Consejo Judicial Ciudadano entrevistó a los aspirantes, casi todos hombres y conocidos en una esfera particular.
César Silva Y Gerardo Huerta, ambos funcionarios del Gobierno de la ciudad, con un historial mezclado entre puestos de gobierno y denuncias de maltrato. Nicolás Jerónimo Alejo combatió la corrupción desde la 4T. Gustavo García es otro perfil altamente político, esta vez en el espectro panista.
Antonio Velasco Arguello tiene una vinculación a proceso por ejercicio indebido de funciones públicas. Adonaí Carreón Estrada es un exfuncionario de la PGR que viene de Baja California Sur.
Mencionar todos los nombres y perfiles ayuda poco, pero da una idea de cuáles son nuestras opciones, pero sobre todo porque, y aquí la duda genuina: ¿No debimos buscar que todos los perfiles fueran idóneos?, ¿nos faltó interés o presión en la búsqueda de la terna?
Porque, ¿cómo podremos quejarnos si el resultado no nos gusta?.
@Micmoya
