Aprueban endurecer penas a transportistas en Q. Roo
Por unanimidad, con 20 votos a favor, el Congreso de Quintana Roo aprobó una serie de reformas al Código Penal y a la Ley de Movilidad, con el objetivo de endurecer las sanciones penales y administrativas contra transportistas de servicios de transporte público y privado que incurran en delitos durante el ejercicio de sus funciones.
Se dijo que la medida busca mejorar la seguridad de los ciudadanos y turistas, además de fortalecer la imagen del estado como un destino turístico seguro y confiable.
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Destacó la modificación al artículo 107 Bis del Código Penal, que establece sanciones más severas para transportistas involucrados en delitos como homicidio doloso o lesiones y las penas podrán aumentar hasta un 50 por ciento y alcanzar de 30 a 55 años de prisión.
Cuando las víctimas sean menores de edad o turistas, la penalidad se incrementará en dos terceras partes, con el objetivo de disuadir la violencia en el sector del transporte, lo cual ha despuntado recientemente.
Se incorporó el artículo 162 Bis, que establece penas de entre dos y seis años de prisión y multas de 15 a 24 días de salario para quienes causen daños a propiedades relacionadas con el transporte público o privado.
Además, las autoridades podrán actuar sin la necesidad de que una víctima presente una denuncia formal.
CELEBRAN APROBACIÓN
La gobernadora Mara Lezama Espinosa, quien impulsó estas reformas, celebró su aprobación en comisiones del Congreso y expresó su confianza en que serán ratificadas en el pleno.
La mandataria enfatizó que no habrá tolerancia ni impunidad para aquellos que atenten contra la seguridad, vida y bienes de los usuarios del transporte.
“Estas reformas no sólo mejorarán la seguridad de quienes utilizan el transporte público y privado, también contribuirán a mantener la imagen de Quintana Roo como un destino turístico seguro”, señaló.
Entre las nuevas medidas, se incluye la suspensión de licencias de conducir por un periodo de hasta tres años o definitivas, en caso de afectar la seguridad pública.
“No toleraremos ningún acto que afecte el sustento de las familias ni el libre derecho de los ciudadanos a elegir su medio de transporte”, concluyó Lezama Espinosa.
