Congreso de EU aprueba la primera ley antimigración de la nueva era Trump
El Congreso de Estados Unidos aprobó la controvertida Ley Laken Riley, que endurece las medidas contra los migrantes indocumentados acusados de ciertos delitos. Nombrada en honor a una joven estudiante asesinada en Georgia por un inmigrante en situación irregular, la norma busca reforzar la seguridad pública, aunque ha despertado profundas divisiones políticas.
Aprueban ley antimigración
La legislación fue avalada por la Cámara de Representantes, dominada por republicanos, con 263 votos a favor, incluyendo 46 demócratas, y 156 en contra. En el Senado, 12 demócratas respaldaron la iniciativa, con lo cual logró su aprobación con 64 votos a favor y 35 en contra. Se espera que el presidente Donald Trump la promulgue en los próximos días, lo que la convierte en la primera ley de su segundo mandato.
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La normativa autoriza la detención de migrantes que hayan cometido delitos como robo, hurto, asalto a agentes de la ley o cualquier acto que cause lesiones graves o muerte. El caso de Laken Riley, asesinada por un inmigrante indocumentado acusado de robos en tiendas, se usó como emblema durante la campaña de Trump para destacar lo que considera la necesidad de políticas más estrictas contra la migración irregular.
Sin embargo, la ley generó críticas. La congresista Alexandria Ocasio-Cortez advirtió sobre el impacto negativo que podría tener en el Estado de Derecho, mientras la senadora Patty Murray señaló el alto coste que implicará: 83 mil millones de dólares en los primeros tres años.
Asociaciones como la American Immigration Lawyers Association (AILA) han cuestionado su efectividad, calificandola como una medida que no garantiza seguridad ni soluciones de fondo.
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El presidente Trump, quien colocó la lucha contra la migración irregular como prioridad de su agenda, afirmó que se enfocará en expulsar a “millones de extranjeros criminales”. Sin embargo, los detractores consideran que esta medida exacerbará las tensiones sociales y políticas en el país, mientras abre interrogantes sobre su sostenibilidad económica y jurídica.
CSAS
