El Plan de Seguridad de los 100 días estableció una serie de innovaciones operativas que han ofrecido resultados relevantes: atacar con grupos de tarea las 10 ciudades de mayor incidencia delictiva que conlleva la jerarquización táctica en el combate al crimen transnacional organizado, que varios analistas no nos explicábamos cómo no había sido concebido y puesto en práctica por un gobierno nacional y un partido que gobierna en 26 de los 32 Estados de la república, con todas las bases para diseñar una estrategia de ataque regionalizado y a la vez diferenciado a las macroestructuras del crimen transnacional, y cuando la información del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el propio INEGI estableció con precisión la información sobre esas 10 ciudades y los 7 Estados que concentraban los indicadores delictivos en porcentajes mayoritarios (50%). Resultaba casi increíble.

Sinceramente consideró que ello se debió a la orden presidencial que las fuerzas federales tenían de su comandante en jefe, el presidente de la república, de movilizar a las instituciones armadas y a sus cuerpos de ataque, rehuyendo el combate frontal, actuando mediante movilizaciones de carácter disuasivo y de protección a las comunidades sociales, considerando que los ataques de las estructuras criminales en distintos estados y regiones del territorio nacional, eran consideradas como “provocaciones” en las que no se debía “caer”. En cualquier interpretación política y militar, tales acciones medianas conforme al tipo, número y afectación social causada, debían considerarse como acciones tácticas ofensivas para consolidar dominios territoriales, control social o conquista de territorios para proteger rutas de recepción, o salida de cargamentos de estupefacientes ilícitos o de laboratorios de anfetamina o fentanilo, ya sea frente a otras organizaciones del delito, o frente a las fuerzas federales y/o a la propia población local o regionalmente involucrada, incluyendo autodefensas locales.

Considero que esta es la interpretación correcta. La otra, expresaba un fuerte rechazo político por parte del presidente a verse involucrado en acciones sangrientas que lesionarían la legitimidad democrática, la imagen social del gobierno, pero, tengo la impresión de que, aunque no fuera esa la intención, posibilitó que las organizaciones criminales desarrollaran políticas expansivas, de reforzamiento de alianzas criminales regionales, de materialización de otras nuevas, de incursión intensificada en diferentes sectores de la economía legal, en suma, de fortalecimiento criminal. Personalmente, en este mismo espacio demostré con datos duros tal expansión criminal: pesca, maderas, carne en canal, compra de empresas, productos agrícolas, minerales, y desde luego, lavado de dinero.

Paradójicamente ello sucedió con indicadores delictivos a la baja. Esto generó mucha confusión entre los responsables en el gobierno, una defensa a ultranza de la estrategia de seguridad y la postura táctica de las fuerzas federales, durante los procesos de movilización de los efectivos y activos de las instituciones armadas.

Considero que dicha aparente paradoja no es tal en realidad, sino que el análisis desde las oficinas del gobierno carecía de integralidad: se presentaba información cuantitativa (indicadores estadísticos con datos numéricos que expresaban cifras a la baja medidas en porcentajes en ciertos lapsos de tiempo) pero no había en paralelo, el análisis cualitativo del desarrollo de las estructuras de macro criminalidad, incluso más allá de las fronteras nacionales. En un análisis de este tipo, tales nuevas tendencias en la organización y acción de las organizaciones criminales se habrían podido visualizar, y considerar los datos presentados como datos relativos. Sin embargo se consideró que expresaban hechos y tendencias absolutas. No era ni es así. Una aproximación científica a un fenómeno integra ambos análisis.

El Plan de Seguridad de 100 días, corrige este enfoque sesgado: jerarquiza las tareas, los objetivos, cambia la postura táctica y por tanto, la visión estratégica del enfoque sobre el combate a la criminalidad organizada transnacional, incrementa la movilización de los efectivos y combate para: recuperar los territorios en manos de la criminalidad, desarrolla actividades de virtual cerco y situaciones de excepcionalidad en donde -como en la ciudad de Culiacán– predominan las fuerzas federales y gradualmente con el uso de grupos de elite militar, aprietan el cerco sobre las bases fundamentales de las organizaciones del delito que dentro del Cartel de Sinaloa combaten por la supremacía criminal.

Queda claro que están atacando en una labor de zapa, la estructura organizativa y operativa de las fuerzas que dominan el cártel, al grado que una de esas facciones está buscando una alianza estratégica para sobrevivir (me refiero a los ‘chapitos’) a la doble ofensiva: de los activos armados y aliados del “Mayo flaco” y de las fuerzas federales. Algunos analistas sostienen que esta batalla dentro del Cártel de Sinaloa la está ganando “la mayiza”, parece coherente con la búsqueda de una alianza de “los chapitos” con el CJNG, es decir, fuera de la organización del propio cártel, pero es muy difícil afirmarlo. Igualmente, hay quienes ya dan por hecha esta alianza.

De cualquiera manera, después de la sangrienta disputa interna en el CDS y de la amplía ofensiva federal que incluye a Guerrero, Chiapas, Morelos, Sinaloa, el Estado de México (con mayores tintes políticos que armados), Chihuahua, Baja California, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, las 10 ciudades mayormente violentas en específico, están bajando aceleradamente los indicadores delictivos en tales estados y ciudades (especialmente en delitos de alto impacto, homicidios dolosos, feminicidios, aunque en contrario, han subido los delitos de extorsión), pero además, golpea la estructura organizativa, operativa y armada de tales estructuras, y recupera dominios territoriales antes en manos de la criminalidad, armamento, con decomisos altísimos, más de 5,000 detenidos, incluyendo cuadros medios (lugartenientes, jefes de plaza, sicarios), destrucción de laboratorios, decomisos grandes de fentanilo, etc. Muy halagüeños resultados.

Pero ¿qué falta en dicha estrategia y en los muy importantes logros reportados?

Dos cuestiones o apartados: i) las detenciones de líderes de primera línea de ambas organizaciones al interior del Cártel de Sinaloa (de los chapitos y la mayiza), no para alimentar la parafernalia mediática, sino para que los golpes en la estructuras y cuadros medios, tengan un correlato directo entre los liderazgos mayores, quienes dirigen políticamente y militarmente las embestidas contra sus enemigos. Esto tendría un impacto de reducción de la violencia en la disputa misma dentro del CDS, porque dicha batalla no es la misma con dirigentes generando las líneas de acción que con líderes no presentes. Las perspectivas de un arreglo podrían aumentar, más aún en organizaciones criminales como las de origen mexicano en donde los liderazgos superiores tienen una influencia determinante; y ii) la articulación clara, precisa y notable con la política social.

Ésta última en la concepción original del nuevo paradigma reconstruye las cadenas sociales, y modifica gradualmente el ambiente social que en parte tiene controlado el crimen transnacional organizado, en sus segmentos sociales más vulnerables, que son la base de apoyo de la criminalidad. No puede ser pensado sólo como base de apoyo socio-político de los líderes de la 4T-4R, es la cobertura social de la política de seguridad, que debe integrarse con la política de promoción e impartición de justicia. Esta concordancia e imbricación no se expresa ni se enfatiza como existe realmente para ser considerada sustento de un nuevo paradigma.

Si no es así, no estamos fincando las bases de un nuevo paradigma sobre la seguridad y el combate al crimen organizado apoyado por la inteligencia de Estado y la justicia, todo ello orientado a la pacificación. Solamente estamos creando algún nivel de bienestar como base de apoyo social y electoral para sostenerse en el poder, lo que degrada la concepción original. Y nadie habla de esta articulación y ofrece ejemplos de dicha imbricación clara y precisa. Se menciona que se continúa atacando las bases sociales de la criminalidad y que se desea avanzar en el proceso de pacificación. ¿Dónde están los teóricos del gobierno y de la 4T-4R que ilustren esta concepción integrada y la articulación de estas políticas públicas entre sí?

Usar el presupuesto público para ampliar los programas sociales alivia a muchas familias es un dato muy bueno, pero debe ser parte de una estrategia para recuperar la seguridad y la paz social con justicia, no un fin en sí mismo. Ello debe demostrarse no sólo incluirse en los discursos.