Frontera con Estados Unidos, la crisis por venir

Una frontera es el límite legal entre dos países y que implica soberanías plenas en cada uno de sus lados.

México una y otra vez acude al discurso soberanista cuando percibe actitudes injerencistas o reclama su capacidad autonómica de ejercer en su territorio las decisiones exclusivamente tomadas por el foro interno de su sociedad y clase gobernante. Dicha actitud es más discursiva que eficaz porque, durante los últimos cien años, millones y millones de mexicanos han cruzado la frontera legal e ilegalmente y se han convertido en residentes o ciudadanos (incluso en padres de ciudadanos) norteamericanos, evidentemente llevados allá por la incapacidad del Estado mexicano de garantizarles un ingreso similar al que obtienen cruzando la frontera.

Este solo hecho, el de tener al menos 38 millones de norteamericanos con derecho a la ciudadanía mexicana, quienes además aportan miles de millones de dólares en remesas apoyando determinantemente la economía de los más pobres, sería suficiente para entender la dilución de la invocada soberanía.

Pero más allá de esto, se aplica constantemente un insano doble discurso en el que al vecino del norte se le pretende dictar la plana sobre los límites de su soberanía; cosa poco efectiva pero que no deja de matizar permanentemente el racional político de la clase dirigente en el centro del país. En otras palabras, por alguna extraña suerte de olvido momentáneo, se le dice a Estados Unidos que expulsar extranjeros de su país es un hecho atentatorio contra garantías y derechos, y se pretende que la soberanía americana ceda frente al discurso del interés “humanitario”, aduciendo toda clase de razonamientos probablemente válidos, pero sin duda, injerencistas.

Así las cosas, el gobierno norteamericano que encabezará Donald Trump, ha establecido como una línea de acción política la expulsión de distintas clases de inmigrantes no legales en aras de su seguridad nacional, tranquilidad social y como resultado del triunfo electoral mayoritario de la propuesta republicana.

En este contexto, el recién electo líder del Congreso norteamericano Mike Johnson, está volcado a la aprobación de un gasto que ha sido calificado sin precedentes para la seguridad fronteriza. Johnson se ha comprometido a impulsar un “agresivo cronograma” para que en los primeros 100 días de mandato del presidente Trump, este tenga los recursos para cumplir su promesa al pueblo norteamericano y que le permitan viabilizar el programa de deportaciones anunciado y que implica identificar a aquellos que carezcan de autorización o estatus legal para residir en Estados Unidos y, en un procedimiento mas o menos exprés, remitirlos a territorio mexicano o de sus países.

En este sentido, el gobierno de la presidenta Sheinbaum no ha resuelto cabalmente si recibirá a expulsados no mexicanos, aunque existe ya una línea de negociación que implicaría que dichos ciudadanos puedan llegar a México y, con apoyo financiero del gobierno norteamericano, ser de nuevo deportados a sus países de origen.

Durante el anterior periodo de gobierno del presidente Trump, México recibió a decenas de miles de deportados no mexicanos que causaron una problemática (no menor) en las ciudades fronterizas y algunas otras.

Los mexicanos de frontera que han percibido la presencia y resentido la misma de ciudadanos no mexicanos que, de ida o vuelta se instalan en sus localidades, han emitido en muchas ocasiones quejas sobre esta presencia impuesta. Ante el anuncio de lo que va a ocurrir y con la experiencia ya acumulada, es de esperarse que los tres órdenes de gobierno de los puntos de expulsión, tengan diseñado un plan que cumpla con las garantías para los expulsados, pero también para los mexicanos de frontera.

Es importante dar seguimiento con detalle a lo que venga porque seguramente Estados Unidos profundizará el endurecimiento de su política migratoria.