¿Por qué Trump no podrá deportar a 5 millones de mexicanos?
La opinión pública internacional gira hoy en torno al regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, lo que tendrá lugar el próximo 21 de enero. Tras su victoria el pasado 5 de noviembre, el republicano luce poderoso para implementar una agenda que bien podría ser descrita como radical, o si quiere, de corte fascista.
Una de sus prioridades es la deportación masiva de migrantes indocumentados. Como ha dicho, millones de ilegales serían devueltos a sus países.
Según estimaciones oficiales, alrededor de 11 millones de personas indocumentadas residen hoy en Estados Unidos. De ellos, 5 millones son mexicanos, es decir, alrededor del 45 por ciento. Se incluye en el porcentaje a habitantes irregulares en todo el territorio nacional, sin especificaciones en torno a tiempo de permanencia, ocupación o estado de residencia.
Si bien Trump ha asegurado que su gobierno implementará la mayor operación de deportaciones en la historia, la realidad parece contradecirle y presentarle una serie de obstáculos infranqueables.
En primer lugar, el lector recordará que la política migratoria es competencia federal, ejercida a través del Departamento de Seguridad Interna. Por ello, Trump ha nombrado recientemente a personajes duros como Kristi Noem y Tom Hoam como futuros responsables de la solución de la crisis migratoria.
Sin embargo, como resultado del sistema federal estadounidense y de la fortísima presencia de los gobiernos estatales y locales en la gestión de sus asuntos, serán ellos los que repetirán lo que han hecho en el pasado: proteger a los indocumentados bajo el ocultamiento de nombres, domicilios e información general.
Así lo hicieron las llamadas “ciudades santuario” tales como Chicago, Los Ángeles o Nueva York durante el primer gobierno de Trump. Bajo estas restricciones, el Departamento de Seguridad Interna permanecerá limitado al control de la frontera y a la detención de migrantes indocumentados de reciente ingreso a Estados Unidos.
Los gobiernos de estos estados y ciudades con fuerte presencia de migrantes ilegales, sabedores de la importancia capital del trabajo de sus residentes en las economías y funcionamiento de sus sistemas productivos, difícilmente colaborarán con las agencias federales.
En otras palabras, la deportación masiva de indocumentados anunciada por Trump se antoja, en buena medida, como una estratagema puramente electorera dirigida a obligar a la presidenta Claudia Sheinbaum a sentarse en la mesa de negociaciones, especialmente en torno a temas más acuciantes como la revisión del T-MEC.
