En tanto, se esperaba que el dictamen elaborado por el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá fuera aprobado por ocho de los once ministros, -dando por sentado el voto en contra de quienes se han definido desde hace tiempo como afines a la famosa 4T o al lopezobradorismo, es decir, al régimen que encabeza en los hechos el ya expresidente Andrés Manuel López Obrador, aunque formalmente funja y finja como tal la actual presidenta Claudia Sheinbaum-, ya en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no ocurrió así, y fracasó el proyecto que buscaba invalidar partes de la reforma judicial impulsada por Morena. Un hecho que, como advirtió la ministra presidenta Norma Piña, trascenderá a las páginas de la historia, en donde se marcará la traición del ministro Alberto Pérez Dayan, quien en una posición inesperada ejerció su voto en contra, muy seguramente habiendo sido víctima de terrorismo político; algo de lo que si bien no tengo pruebas tampoco tengo dudas para pensar que así fue, porque no sería la primera vez que la maquinaria del partido en el poder usara mecanismos oscuros para conseguir su objetivo.

Para sorpresa de nadie, además de Pérez Dayan, votaron el proyecto en contra la ministra plagiaria, Yasmín Esquivel Mossa; la ministra lépera, Lenia Batres, y la ministra abyecta Loretta Ortiz. Es decir, la gente que le responde al ex presidente tabasqueño; un personaje vengativo y rencoroso que perpetró la desaparición del poder judicial y que este martes finalmente lo consiguió. ‘La mano que mece la cuna’, a través de sus elementos de presión, logró vencer, doblar y doblegar la voluntad de ese ministro Pérez Dayan, a quien la voz popular lo bautizó ya como “el ministro Yunes”, en alusión a los senadores propietario y suplente de ese apellido de origen veracruzano, militantes de Acción Nacional que traicionaron no sólo a ese partido o a la coalición que el PAN formó con el PRI y el PRD sino a la sociedad mexicana al vender el voto y propiciar el que en el Senado de la República se aprobara la reforma perniciosa al poder judicial emprendida por López Obrador y ahora salvaguardada por su pupila Claudia Sheinbaum.

Sin afán de defenderlo, porque por más intimidado, amenazado, y/o acorralado que haya sido por el régimen debió pensar y actuar en consecuencia para evitar el daño mayúsculo que haría al país, hay que decir que Alberto Gelacio Pérez Dayan, quien fue nombrado ministro en 2012 por el presidente Felipe Calderón Hinojosa, había desempeñado un rol crucial en la deliberación y votación de importantes casos, incluyendo aquellos relacionados con las reformas impulsadas por el gobierno actual. Cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito jurisdiccional. Es licenciado en derecho por la Universidad La Salle, cuenta con una especialización en derecho de amparo por la Universidad Panamericana y ha impartido clases en UNAM, la Universidad Autónoma de Yucatán y el Instituto de la Judicatura Federal. No dudo haya sido amenazado y amagado con destrozarle su dignidad, y su imagen pública. Pero esta ya ha sido vapuleada y la historia dirá que fue un traidor a México.

Y aquí no es ocioso citar el caso del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien no obstante haber sido nominado al cargo de ministro de la Suprema Corte en 2019 por el propio Andrés Manuel López Obrador, muy pronto entendió que el movimiento obradorista era un peligro para México y pintó su raya, como se dice coloquialmente, pues fue más importante su convicción por el derecho que una lealtad malentendida a un ser que pisoteaba la ley a su antojo y que ya se sabía, haría un daño inconmensurable a la nación.

La discusión en la Suprema Corte tenía por objeto determinar si se invalidaba parte de una polémica reforma judicial aprobada en septiembre por el oficialismo, por considerar que era inconstitucional, según el proyecto de González Alcántara Carrancá.

En su oportunidad, el ministro Pérez Dayan, argumentó que la acción de inconstitucionalidad era improcedente.

“Es total y absolutamente improcedente y ello conduce a sobreseer en ella conforme a los precedentes a los que me he referido, por más que me trate de convencer a mí mismo de lo contrario, resolver en el sentido que propone la propuesta sería —lo digo con todo respeto y exclusivamente en el fuero de mi propia persona— responder a una insensatez llevada irresponsablemente al texto supremo con otra insensatez equivalente al forzar el ejercicio de una facultad que no me fue conferida en el conocimiento de una acción de inconstitucionalidad”, expuso en su intervención en el pleno de la Suprema Corte.

En el inicio del debate sobre el proyecto de sentencia que podría invalidar parcialmente la reforma judicial, la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, dejó claro que el fallo por emitir sería histórico y trascendental, por contener un componente adicional que lo convierte en un tema que será observado y revisado no solo en el ámbito nacional, sino también a nivel internacional y por futuras generaciones.

En su ponencia, la ministra señaló que ninguna institución tiene el derecho de usar mecanismos democráticos para atacar la democracia misma.

La Constitución, explicó, establece ciertos límites —como el respeto a la división de poderes y a los derechos humanos— que no pueden ser vulnerados ni siquiera por el Congreso.

“Para mí es inaceptable que una Constitución democrática como la nuestra permita que un conjunto de órganos creados por ella misma se sirvan de mecanismos democráticos para destruir a la propia democracia”, enfatizó.

No al “suicidio” de la Constitución

Cabe mencionar que por un momento se tuvo un halo de esperanza cuando previo a decretar un receso, se especuló, se podría considerar invalidar la reforma judicial con 6 votos, con el argumento de que el mismo decreto contemplaba esa posibilidad:

“Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia sólo podrán declarar la invalidez de las normas impugnadas, siempre que fueren aprobadas por una mayoría de cuando menos seis votos”.

No obstante, la Corte concluyó eran necesarios los ocho votos, no seis, para invalidar una reforma constitucional, de manera que no hubo discusión a fondo.

Para que quede asentado; cuatro ministros votaron en contra del proyecto de González Alcántara Carrancá: Lenia Batres; Alberto Pérez Dayan; Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.

A favor Norma Piña; Luis María Aguilar; Jorge Pardo; Margarita Ríos-Farjat; Javier Laynez; Alfredo Gutiérrez y el propio González Alcántara.

Así las cosas, la inesperada traición de Pérez Dayan ha abierto la puerta de par en par a la dictadura en México. Por más que el poder judicial intentó sobrevivir fue derrotado y al igual que el legislativo está ahora en manos del ejecutivo y de Morena. La última línea de defensa de los mexicanos dejó de existir este martes 5 de noviembre de 2024. RIP.

X: @salvadorcosio1 | Correo: Opinión.salcosga23@gmail.com