La insultan a diario: marxista, guerrillera, autoritaria, sin control. Y sube su aprobación

Repasemos la prensa mexicana de este lunes

Un fanático de la derecha económica, Sergio Negrete Cárdenas, dijo en El Financiero que la presidenta de México es “autoritaria con a”. En su artículo la identificó con cierta guerrilla. Hace días, otro colaborador y hasta directivo de ese diario, Pablo Hiriart, dijo de Claudia Sheinbaum que es marxista. Si algo prueban las mediciones de aprobación de la gobernante de nuestro país es que la gente no cree en críticos tan poco objetivos.

Héctor Aguilar Camín, en Milenio, aseguró que “hay mucha corrupción en el país, más que en ningún otro momento de sus años de democracia”. ¿En serio es tan cínico el intelectual que escribía cartas a Carlos Salinas pidiéndole lana? ¿Se atreve a decir lo anterior el escritor que vendía prácticamente todos los ejemplares de su revista, Nexos, al gobierno? ¿El periodista que pactó con el Tribunal Electoral la publicación de 10 artículos a 200 mil pesos cada uno?

Ayuda a que se incremente la ya muy elevada aprobación de la presienta que a su gobierno lo cuestione gente con tan escasa autoridad moral.

Por cierto, llama la atención la ingenua —o más bien cómplice— defensa que ha hecho Aguilar Camín de la honorabilidad del poder judicial. Afirmó que la Auditoría Superior de la Federación investigó las cuentas de la judicatura y la declaró “exenta de malos ejercicios en la ejecución de su presupuesto”.

¿Acaso no sabe Aguilar Camín que la corrupción de jueces y juezas no radica en tomar dinero público —se les acusa de ejercer el oficio en la suciedad, no de carecer de inteligencia—? Jueces y juezas se corrompen en la práctica del comercio más inmoral: venden sentencias. No todas las personas juzgadores se ponen a la venta y quizá no sea el caso de la mayoría, pero de que hay demasiados ejemplos de compra de proyectos judiciales, los hay. Negarlos sería intelectualmente deshonesto.

No elimina la corrupción en el poder judicial el hecho de que haya jueces y juezas honorables. Lo sabe quien ha tenido que acudir a tribunales por cualquier problema que involucre recursos económicos valiosos: en nuestro sistema el buen abogado es el que paga para que le den la razón.

Será complicada la implementación de la reforma judicial, pero ya aprobada en el poder legislativo lo correcto es colaborar para que salga adelante con éxito y resuelva uno de los grandes problemas de México: la corrupción de jueces y juezas. Si nos atenemos a los niveles de aprobación de Sheinbaum, la gente confía en habrá un avance.

La comentocracia, diría José Alfredo Jiménez, vive en un mundo raro

En El Financiero, en un análisis excesivamente alarmista sobre la votación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación acerca de si se anula o no una parte de la reforma judicial, Raymundo Riva Palacio dijo que “la presidenta parece estar a la deriva porque no tiene pleno control del barco mexicano, aunque sus primeras reacciones refuerzan el anclaje de un régimen autoritario”.

Se equivoca el señor Riva Palacio, las encuestas de aprobación demuestran que Claudia tiene lo más importante para la gobernabilidad: apoyo popular.

Hace tres días, el primero de noviembre, el New York Times de plano consideró que Claudia Sheinbaum enfrentará su primera gran crisis cualquiera que sea el resultado de la votación en la SCJN.

No comparto la tesis de los redactores del principal periódico estadounidense. En mi opinión con la votación en la corte suprema no pasará nada: México seguirá siendo una nación estable y la presidenta mantendrá firme el control independientemente de lo que ocurra, esto es, al margen de la decisión de ministros y ministras, y de si los poderes ejecutivo y legislativo le otorgan validez o no —el poder judicial es solo uno de tres poderes del Estado, y tiene la última palabra en todo, excepto en lo relacionado con reformas a la Constitución. Si la judicatura todo lo decidiera, viviríamos en la dictadura de las personas juzgadoras—.

El mismo primero de noviembre, en el Washington Post, un expresidente de México, Ernesto Zedillo, diagnosticó que la presidenta Sheinbaum alimenta una crisis constitucional. Zedillo dio tres argumentos —de alguna manera hay que llamarlos—: (i) su propia frustración porque dejará de operar la judicatura que él reformó, por cierto sin consultarlo con nadie, y que no acabó con la corrupción ni garantizó la independencia del poder judicial; (ii) su enojo porque, siendo un tipo en extremo vanidoso y narcisista, ha sido exhibido por Claudia Sheinbaum como poco ético y no muy inteligente ya que sigue actuando como representante de un régimen, el priista, que ya murió, y (iii) su interés económico personal ya que Zedillo, desde que dejó el gobierno, trabaja para grandes empresas de Estados Unidos que evidentemente no están de acuerdo con la 4T.

Tenemos nuevos datos del tracking diario ClaudiaMetrics

He mencionado varias veces aquí la elevada aprobación de la presidenta. Enseguida daré algunos detalles.

El pasado 31 de octubre, en ClaudiaMetrics la aprobación de Sheinbaum era de 66.3%. Al día siguiente, el uno de noviembre, la aprobación de la presidenta subió a 66.4%. El dos de este mismo mes siguió creciendo, a 67.2%. Y ayer, noviembre 3, la aprobación de la gobernante de México aumentó a 67.3%.

La gente, ni duda cabe, confía en su presidenta, lo que es mucho muy importante para que Claudia pueda operar sin mayores sobresaltos los proyectos de su administración.

Son datos duros, sacados de una encuesta de seguimiento realizada con rigor probabilístico por la casa encuestadora MetricsMx, que no me cansaré de repetir estuvo entre las más acertadas en el pasado proceso electoral presidencial.

El porcentaje de la sociedad mexicana que aprueba a la presidenta Sheinbaum, superior al 67%, desmiente a los y las columnistas de los diarios y a diversos actores políticos que insisten en afirmar que México está, en el actual sexenio, entrando en una crisis política enorme.

La confianza de la gente en su presidenta es el mejor instrumento de gobernabilidad que Claudia Sheinbaum tiene para enfrentar cualquier problema que se presente derivado del que se considera es el mayor debate constitucional que ha habido en México, el relacionado con la reforma al poder judicial aprobada por el congreso dominado por Morena, reforma que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría declarar inválida en algunos de sus aspectos.

Quienes mandan en los poderes ejecutivo y legislativo han dicho que no van a aceptar de ninguna manera una sentencia de la corte suprema que anule una parte de la reforma judicial porque las facultades de la corte suprema no llegan a tanto, digan lo que digan quienes en la misma participan.

Por tal motivo se habla de que podría México caer en una crisis constitucional. Lo deseable sería que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no intentara rechazar una reforma a la Constitución que el Senado y la Cámara de Diputados y Diputadas han aprobado cumpliendo cabalmente todos los requisitos constitucionales para ello, una reforma además que cuenta con el respaldo de una presidenta, como Claudia Sheinbaum, con un altísimo nivel de aprobación.

Juristas de primer nivel como algunos ministros y algunas ministras de la corte suprema éticamente harán lo correcto si deciden tomar en cuenta a la gente, que ya se expresó en las urnas de votación y que sigue hablando a diario en encuestas, como el tracking ClaudiaMetrics: se le dio la mayoría a Morena para cambiar la Constitución; esto es, perdió la oposición la posibilidad de impedir tales reformas. Nada hay más importante en democracia que aceptar la derrota. Ojalá en la SCJN se entienda algo tan relevante para la convivencia civilizada.