CNDH pagó 456 mil pesos por estacionamiento “fantasma”
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pagó el año pasado 456 mil pesos por el arrendamiento de 26 espacios de estacionamiento que no usó.
Lo anterior se desprende de una consulta a la revisión de la Cuenta Pública 2023 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se indica que la dependencia a cargo de Rosario Piedra habría incurrido en un daño a la Hacienda:
“Por un monto de 456 mil 19.20 pesos por el pago de renta de 26 lugares de estacionamiento que no se utilizaron durante el ejercicio 2023, ya que de los 101 lugares que se incluyeron en el contrato número CNDH-CONT-007-2023 únicamente se utilizaron 75”.
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El dictamen de la ASF refiere que la Comisión respondió al respecto que esos 26 espacios no ocupados en las inmediaciones de su edificio sede, se dejaron como “espacios flotantes“:
“Por el continuo movimiento de trámites (…) aunado a que por situaciones imponderables como las manifestaciones y cierre de las instalaciones de la CNDH que se vivieron en el año 2022 y 2023 la CNDH optó por mantener los espacios para cualquier imprevisto”.
Incluso, argumentó que el año pasado la CNDH no tuvo manifestaciones permanentes ni solicitudes de espacios por parte de sus trabajadores, por lo que se decidió disminuir los espacios a 51 para este año.
Pese a ello, la Auditoría Superior no consideró suficientes dichos argumentos, por lo que impulsa ante el órgano interno de control de la Comisión de Derechos Humanos una promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para investigar quién o quiénes fueron los que autorizaron dicha contratación.
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Además de esto, observó que en noviembre y diciembre de 2023 se pagaron 43 y 53 licencias de software que no fueron utilizadas; para justificar ese gasto, la dependencia presentó los nombres de personal que realiza limpieza.
Tras la publicación de los resultados mencionados, la entidad fiscalizada serán notificada dentro de un plazo de 10 días hábiles siguientes a la entrega del informe individual para que en un lapso no mayor a 30 días hábiles presenten la información y realicen lo conducente.
En caso de no ser así, se dará inició a las investigaciones correspondientes, así como la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios, en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.
DG