Ordena Judicatura regreso inmediato a los juzgados
Por mayoría de votos, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) determinó que a partir de este jueves aplicará sanciones a los trabajadores del Poder Judicial, así como a jueces y magistrados, que no asistan a trabajar en juzgados y tribunales.
Durante la sesión de este miércoles, con el voto en contra de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, se acordó que a partir de este jueves se aplicará la normativa vigente a los empleados que no asistan.
A su vez, los juzgadores pueden apoyarse de la seguridad interna para que puedan ingresar a los inmuebles del Poder Judicial que se mantienen tomados desde agosto pasado y en paro de labores en protesta por la reforma judicial.
Mediante la Circular 23/2024, la Judicatura informó que se mantiene la decisión del 16 de octubre de “reanudar actividades completas en todos los tribunales y juzgados del país, por lo que los titulares están obligados a las disposiciones en materia administrativa, entre otras, al control de asistencia, a fin de garantizar el óptimo funcionamiento de la impartición de justicia”.
El documento indica que “las áreas administrativas deberán aplicar la normativa vigente al personal que no asista a laborar; esto a partir del 24 de octubre, asimismo, se instruye al coordinador de Seguridad para que apoye a los jueces y magistrados que le soliciten el acceso a los inmuebles”.
Los consejeros que votaron a favor del regreso inmediato a las labores fueron Bernardo Bátiz, Eva Verónica de Gyvés, Celia Maya y Sergio Javier Molina, mientras que Norma Piña, Lilia Mónica López y José Alfonso Montalvo lo hicieron en contra.
A su vez, ayer por la noche un grupo de trabajadores del Poder Judicial lleva a cabo una protesta a las afueras de la sede de la Judicatura.
Petición presidencial
Por otra parte, el pasado 18 de octubre, la Consejería Jurídica de la Presidencia, a cargo de Ernestina Godoy, envió un oficio a Norma Piña, en su calidad de presidenta de la Judicatura, para pedir que se levante un procedimiento administrativo contra la jueza Nancy Juárez, quien ordenó eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial.
La petición también fue para que se solicitara a los juzgadores abstenerse de emitir resoluciones que carecen de validez.
