El huevo de la serpiente y el shock en el sistema de justicia

“Cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de la serpiente” (película dirigida por Ingmar Bergman,1977)

La metáfora del “huevo de la serpiente” es profunda. Vale la pena reproducirla en toda su extensión, tal como lo hace el Doctor Vergerus en el filme del genial Ingmar Bergman: “Cualquiera puede ver el futuro, es como un huevo de la serpiente. A través de la fina membrana se puede distinguir un reptil formado”.

La película describe la sistemática destrucción de la democracia alemana y el nacimiento del fascismo en los años veinte del siglo pasado. Es difícil concebir que la sociedad alemana no se hubiera dado cuenta del peligro que enfrentaba; lo cierto, es que la criatura en el cascarón se fue transformando en un monstruo letal. Convertida en bestia no se le pudo contener hasta que destruyó todo y a sí mismo.

Toda democracia tiene riesgos, lo importante es evitar que se incube en ella el huevo del totalitarismo. La experiencia alemana y las posteriores indican que hay dos etapas de gestación: una, que se deriva de las condiciones materiales de existencia de los pueblos; y otra, cuando la percepción social se desvirtúa y concibe que los regímenes autoritarios podrían ser benéficos.

En el caso de México la consolidación de la 4T se ha dado con un decaimiento profundo de la oposición. El mayor riesgo para nuestra democracia se deriva de la existencia de estructuras partidarias fosilizadas, a las que les cuesta trabajo ponerse en pie. Las fuerzas políticas opositoras requieren reconstituirse, lo que significa edificar un nuevo marco conceptual de acción política. No podrían aspirar a más si siguen haciendo lo mismo: actuar sólo por oposición sin proponer nada.

En tanto se reconstituyen los partidos políticos – vitales en toda democracia – será indispensable contar con la actitud consciente de las fuerzas políticas que detentan el poder. El imperativo ético requiere ahora de la conciencia histórica de los que gobiernan; de no ser así, el estancamiento y la regresión se tornarán altamente probables. Un gobierno con mínima oposición tiene que ser aún más responsable para garantizar:

El debate público.
La libre expresión de ideas.
La crítica a su actuación.
El respeto a las minorías.
El fomento al pluralismo.
La existencia de contrapesos políticos.
Elecciones auténticas.
La vigencia de un Estado constitucional y del estado de derecho.

Algunos intelectuales argumentan que nuestra sociedad cuenta ya con sesgos antidemocráticos. No voy a cuestionarlos. Mi punto de vista es que se está muy lejos de inhibir la crítica mediante la censura o la represión. México está en una especie de pináculo: ahora las ideas (incluso, las diatribas) se intercambian en medio de una sociedad que se encuentra sumamente interesada en conocer y participar en la vida pública.

Los mayores déficits se derivan de estrategias fallidas que al irse acumulando fueron detonando pobreza, violencia, corrupción, inseguridad e impunidad. Todos estos flagelos llevaron al reemplazamiento de la ideología neoliberal y de los partidos tradicionales. La 4T sólo podría seguir gobernando si es eficaz en resolver los entornos apocalípticos que se suscitan en algunas regiones del país y que amenazan con extenderse.

La reforma judicial es lo que más preocupa; sin embargo, aquí el beneficio de la duda se vuelve importante. Hacia adelante debe verse como un mecanismo que depura a nuestro sistema de justicia, lo que significa evitar por todos los medios la injerencia de agentes externos que lo convertirían en un instrumento de control político o peor aún, de control de grupos delictivos.

Es bueno advertir las deficiencias para corregir, no para impedir lo que ya es un hecho consumado. El debate de la reforma judicial es más que una discusión normativa o de tecnicismos constitucionales, es ante todo una lucha con estratagemas políticas. El retraso y la falta de definiciones del máximo tribunal de justicia, no es más que una estrategia deliberada para desgastar la implantación de una reforma que ya está dentro del texto constitucional.

Este aletargamiento ha dado pie al surgimiento de nuevos juicios de amparo que suspenden el curso que debe tener la reforma constitucional del poder judicial. La bola de nieve ha crecido, pero se ha perdido el control. La resolución insolente de una jueza hacia la presidenta Sheinbaum de darle vista al ministerio público ante un posible “desacato” fue la gota que derramó el vaso.

Importa más resaltar la actitud del Congreso de la Unión, que más que ahondar la confrontación con el poder judicial ha decidido blindar la constitución reformada. La tentación de instaurar juicios políticos que implicarían la destitución e inhabilitación de ministros, magistrados y jueces se volvió a desechar. El Congreso, así, evitó convertirse en un organismo censor que inhibe la libertad de expresión e impone penas. Esto además hubiera regresado al debate viciado sobre la división de poderes.

El Congreso optó por una nueva iniciativa de reforma constitucional, bajo el principio inalienable de que la última palabra en materia constitucional la tiene el poder soberano del pueblo, que es el constituyente permanente. No dudo que haya contraargumentos o que se acuda a instancias internacionales so pretexto de que se está afectando algún derecho (el principio pro – persona); lo verdaderamente importante es la intención de darle fin al debate. Al elevar a rango constitucional el artículo 61, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los juicios de amparo son improcedentes contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y se reafirma la supremacía constitucional del órgano reformador sobre el control jurisdiccional que pretenden ejercer los órganos del poder judicial.

Se ha querido dimensionar en exceso la primera reacción que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum de no cumplir con una orden judicial. No se recuerda bien o de plano se ignora lo que dijo. Uno, cuestionó la ambigüedad del uso de la palabra “eliminar” sobre algo que ya está publicado (lo escrito, escrito está); a falta de precisión, debe añadirse que “eliminar una publicación” no es lo mismo que dejar sin efectos una ley o una reforma; ello, aun cuando se sobreentienda que una ley, decreto, reglamento y demás actos expedidos por los Poderes de la Federación entran en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Dos, señaló que el Ejecutivo (en su momento, el presidente López Obrador) sólo había acatado un mandato del poder legislativo: “publíquese esta reforma en el DOF”; requiriéndose de una consulta para ver si era procedente la orden judicial. Obviamente existe ambigüedad, pero no un deseo expreso de la presidenta Sheinbaum de romper con el estado de derecho.

La presidenta dio a conocer el día de hoy que no se pudo abrir el código QR de la notificación de la jueza, lo que lleva a pensar que existió una maquinación perversa; que sólo se trataba de que cayera en un garlito. En consecuencia, fue una provocación para desatar una campaña negra en su contra que la iba a vincular al desacato de una orden judicial, lo que vulneraría en sumo grado nuestro estado de derecho. La actitud prudente de Claudia Sheinbaum aun ante esta perversidad y el no frenar las expresiones de los medios en su contra, particularmente, de periodistas furibundos como Ciro Gómez Leyva o Carlos Loret de Mola, demuestran que el autoritarismo dista de estar en ella.

Empiezo a creer que el cascarón transparente donde se vislumbra no el totalitarismo, sino el caos está en otra parte. Me negaba aceptar la teoría de lawfare y más aún la del golpe de Estado blando, los veía como excesivos. Es evidente que existe desde el poder judicial la idea de neutralizar o socavar la fuerza de los otros dos poderes, hasta hacer endebles sus funciones o atribuciones; también la intención (posiblemente coaligado con otros fuerzas fácticas) de debilitar en forma sistemática la gobernabilidad democrática y la voluntad expresada por el pueblo en las urnas. Esta radicalización dio inicio con el paro judicial, que nos ha hecho prescindir de la función esencial de la justicia durante tres meses.

Es el momento de parar, el caos es tanto o más destructivo que el totalitarismo. Evitemos lo uno y lo otro.