La reforma más peligrosa en la historia

En el fondo de lo que significa la iniciativa que presentaron este martes los legisladores federales del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, -que usa como siglas Morena, que por cierto el nombre de Regeneración Nacional con el que pretenden presentarse en cuanto a ser la fuerza que está cambiando para bien a nuestro país, en los hechos marca que es todo lo contrario-, está un tema que tiene que ver con la eventual imposibilidad que está teniendo la presidenta Claudia Sheinbaum para ejercer su mandato; un asunto que debe causar cierto resquemor y preocupación si se confirma que diputados y senadores están manejándose “por la libre”, o atendiendo instrucciones de quien ya se fue, aunque sin duda, el peor escenario para México sería que la orden que estén atendiendo los legisladores provenga de la propia mandataria.

La mencionada iniciativa de ley presentada este martes 22 de octubre, por diputados y senadores de Morena, plantea establecer como improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, que tengan por objeto controvertir las reformas a la Constitución Política.

Esta propuesta también abarca el proceso deliberativo y legislativo de dichas reformas, así como las resoluciones de las autoridades electorales.

El proyecto de decreto, presentado por el coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, respaldado también por el senador Gerardo Fernández Noroña y los diputados Ricardo Monreal Ávila y Sergio Gutiérrez Luna, pretende reformar los artículos 1, 103, 105 y 107 de la Constitución.

Respecto a esta iniciativa, el abogado constitucionalista, Francisco Burgoa, escribió en X que esta iniciativa viene a dar la razón a quienes han afirmado que sí es posible cuestionar las reformas en tribunales, algo que habían rechazado sistemáticamente en la Cuarta Transformación: “Morena ha presentado en el Senado una iniciativa de reforma constitucional que busca elevar a rango constitucional la improcedencia del amparo, acción de inconstitucionalidad o controversia constitucional en contra de reformas constitucionales. También, para que no proceda el control de convencionalidad. Este intento es una clara admisión de que actualmente es posible impugnar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad del artículo 61, fracción I de la Ley de Amparo. Si no fuera viable cuestionar las reformas constitucionales, no habría necesidad de modificar la Constitución para “reforzar” dicha prohibición. Al intentar blindar las reformas constitucionales del control judicial, Morena reconoce implícitamente que hoy sí es posible cuestionar estas reformas ante los tribunales federales, particularmente ante la SCJN, el máximo garante del orden constitucional en México. Lo más preocupante es que, con esta reforma, Morena pretende hacer lo que quiera con la Constitución, buscando impedir que cualquier actor pueda impugnar dichas modificaciones, así sean contrarias a los derechos humanos y a los principios fundamentales aprobados por el poder constituyente originario, mismos que el órgano revisor de la Constitución (Art. 135) no debe cambiar, alterar, modificar o eliminar”.

Hay que decir que más allá de que pudiera pensarse que la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum no tiene la alta dosis de perversidad que le distinguió a su antecesor y que se podría quizá pensar en etiquetársele como una mujer con carácter y personalidad dotada de independencia de criterio, -no obstante coincidir quizás con algunos de los parámetros ideológicos que nutren al movimiento del que emergió o que fue formado por su mentor, López Obrador-, pudiera tener ella una diferencia de visión que tuviese que ver con un ejercicio del poder que buscara no solamente la reconciliación, sino también la concordia y el concurso de fuerzas y de ideas sociopolíticas diversas en bien de México, y en ello estaría el atenuar la fiereza con la que se pretende imperar la reforma al poder judicial del país, porque no solamente es una reforma que afecta a este poder, sino que va de alguna forma a impactar a los aspectos locales.

Resulta claro, primero, que de tener quizá esa posible visión que algunos pensamos podría ser, y teníamos la esperanza de que fuera ella la que salvara México al empoderarse, marcar distancia y generar su propia idea de cómo ejercer el poder público que se le otorga como primer mandataria y aunque sí fuera, insisto, choca con pared, es decir, no tiene forma, o al menos así lo demuestra o así se advierte, que puede pensar en evadir la gran presión que le ejerce quien seguramente, aunque digan lo contrario, piensa perpetuarse de alguna u otra forma en el poder, aún sin tenerlo de manera legítima ya, porque ha dejado de ser presidente de la república.

Y es que desde que se culminó con la aprobación de la reforma se supo que al menos se generó un trascendido en el sentido que la presidenta, que en ese entonces aún era presidenta electa, no en funciones, estaría buscando atenuar la severidad de cómo fue aprobada la reforma o al menos una mecánica más factible y menos trompicada que la que están usando desde el Congreso de la Unión para operar y hacer firme en su ejercicio las citadas reformas, pero que esto no le fue concedido y no se le permitió y no se le sigue permitiendo.

Y más allá de los errores garrafales que han salido a la luz, tanto por la premura y que eso genera complicaciones y dislates, pero sobre todo por la forma aviesa de cumplir el capricho de López Obrador que han tenido los diputados y senadores que llegaron al Congreso de la Unión por conducto de Morena y de los partidos aliados a este, está al pretender abusar de la mayoría calificada que les fue obsequiada de una manera perversa y hasta criminal por el Instituto Nacional Electoral que actuó como fiel y legítimo instrumento de obediencia para cumplir las directrices marcadas desde Palacio Nacional al final del pasado sexenio; mayoría calificada espuria con la que llevaron a cabo la manipulación constitucional.

Esta iniciativa deja saber que tienen razón los juristas que establecen que sí es factible acudir a hacer valer las suspensiones judiciales emanadas de organismos integrantes del poder judicial federal como son juzgados de distrito y tribunales colegiados que han dictado suspensiones a la publicación de la citada reforma y que han sido tildadas esas determinaciones como inadecuadas, como incluso criminales y que han sido por ello quienes las han esgrimido o dictado objeto de incesante y cruenta campaña difamatoria, opresiva y que busca tratar de incluso privar de su libertad o sancionar con severidad a quienes como juristas a cargo de un tribunal o de un juzgado federal que hacen su tarea.

Porque esta iniciativa que viene a, -como se dice popularmente-, ponerle el nudo gordiano, el broche de oro, el cerrojo, a cualquier posibilidad o rendija de que tenga compatibilidad la reforma, pues es una señal clara de que sí es posible, dado que de otra forma no estarían tratando hoy de establecer como una situación imperativa el que no existe legalidad en el juicio de amparo que provea suspensión en los términos en que lo están planteando contra eventos como señalan en la misma iniciativa.

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