La búsqueda de la destrucción del Estado de Derecho

En medio de la polémica en torno a la reforma del Poder Judicial, la 4T luce empecinada en destruir el estado de la legalidad en México. Lo hizo el expresidente AMLO durante la campaña presidencial de 2024 con sus reiteradas violaciones a la ley electoral, y su sucesora parece convencida de seguir el mismo derrotero.

En días recientes una jueza federal sita en Veracruz emitió una sentencia por la cual ordenada al Ejecutivo federal eliminar del Diario Oficial de la Federación la reforma judicial.

Acto seguido la presidenta Claudia Sheinbaum respondió con una contundente negativa de acatar la orden, a la vez que aprovechó la ocasión para descalificar a los jueces, tildándoles de corruptos y de no buscar más que la conservación de sus privilegios.

La situación es aun más grave. De acuerdo al marco constitucional y a las normas más elementales que rigen en un Estado de Derecho, las inconformidades ante decisiones de jueces y magistrados no se resuelven mediante desacatos, trátese del presidente de la República o de ciudadano común.

Por el contrario, la acción pertinente que debe seguirse consiste en recurrir a una instancia superior, para que ésta, una vez que haya analizado los argumentos presentados por el quejoso, pueda optar por la confirmación de la resolución de la instancia inferior, o en su caso, por conceder la suspensión de la declaratoria previa.

Sin embargo, los funcionarios del Ejecutivo federal, en una abierta contravención de la ley, han optado por erigirse en juzgadores de la “legalidad” de suspensiones que, por derecho propio, son obligatorias en su cumplimiento.

Tras lo sucedido, la presidenta Sheinbaum ha sentado un gravísimo precedente. Por un lado, ha trastocado la cultura de la legalidad con el desacato y con su decisión de no apelar ante instancias judiciales superiores, y por el otro, ha contribuido a un ambiente político que no terminará más que en la eventual determinación de la Suprema Corte de declarar la inconstitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, misma que derivará, se anticipa, en una profundización de la crisis constitucional.