Justicia: ¿más de lo mismo otro sexenio o vuelta de tuerca?

El asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, envía un mensaje terrible a toda la ciudadanía y a las autoridades del país: el crimen organizado tiene permiso.

No solo es el hecho del homicidio mismo, sino la forma en la que se cometió y la exhibición del cuerpo mutilado.

Chilpancingo, al igual que otros municipios guerrerenses como Iguala y Acapulco, por citar los más importantes, han dejado de ser gobernados por las autoridades civiles desde hace años.

Ya sea por complicidad o por omisiones, la delincuencia organizada tomó el mando que correspondía a las autoridades civiles y ha creado una hacienda paralela en la que cobra derecho de piso hasta a los boleros de las plazas públicas.

La muerte de Arcos exhibió a los gobiernos estatal y federal.

Después del asesinato de su secretario general, Francisco Tapia, ocurrido dos días antes de su propio homicidio, Arcos solicitó por varios medios la protección de la policía estatal y la federal pero nunca recibió respuesta.

La pregunta que hasta ayer no habían respondido ni la gobernadora (es un decir) Evelyn Salgado ni nadie del gabinete de seguridad –Omar García Harfuch tendría que ser el responsable- es por qué no fue atendida la petición del presidente municipal de Chilpancingo.

Podrán decir que nunca “lo hizo de manera formal’’ o por escrito, pero ¿acaso no conocían las autoridades estatales y federales el estado de violencia que padece esa ciudad en particular? ¿Necesitaban asesinarlo y decapitarlo para que, ahora sí, voltearan a ver el tiradero que dejó la exalcaldesa Norma Otilia Hernández, a quien se vio en varios videos departiendo con el líder de Los Ardillos?

No ha habido, pese a lo que digan sus propagandistas, una campaña del gobierno estatal para detener la inseguridad en la capital de Guerrero; si no lo han hecho en Acapulco, ¿por qué tendrían que ver hacia otras ciudades?

Hoy habrá, según la presidenta Sheinbaum, una reunión del gabinete de seguridad y serán ellos quienes expliquen por qué no se atendió la petición de ayuda del presidente municipal Arcos.

Se presentará también la estrategia de seguridad del sexenio, que pinta para ser más de lo mismo, considerando que Sheinbaum ha declarado que no “hará la guerra calderonista’’ y que el Ejército “también construye paz’’.

Mientras la delincuencia organizada no solo crece sino que exhibe el control de poblaciones enteras, las autoridades federales siguen creyendo que regando dinero a los jóvenes se evitará que se involucren con los cárteles.

El experimento ha durado seis años y lejos de reducirse, la delincuencia ha incrementado su control territorial.

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Sobre el mismo tema, ayer la presidenta electa de Mazatlán, Estrella Palacios, fue asaltada en la maxipista que va de Culiacán al puerto; le fue robada su camioneta.

El colmo es que también fue robada la camioneta del presidente municipal de San Ignacio, Octavio Bastidas, a quien Palacios había llamado para pedirle ayuda.

Ambos fueron detenidos por hombres armados quienes los bajaron de los respectivos vehículos y se dieron a la fuga.

¿Y el Rocha?

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La presidenta Sheinbaum envió dos iniciativas de reforma, una a la Ley de Procedimientos Electorales y la otra a la Ley de Medios de Impugnación, que son secundarias a la reforma constitucional al Poder Judicial.

Lo que llama la atención de las justificaciones de ambos textos, no es el tono jurídico sino los argumentos políticos en los que sustentan la necesidad de ambas reformas, como eso de llamar “casta privilegiada’’ a jueces, ministros y magistrados.

Si lo hubieran hecho el PRI o el PAN en su momento, ¿qué habría hecho Morena?

     @adriantrejo