Más allá de la elección popular de la judicatura

Me he permitido advertir en otras colaboraciones que la forma de nombramiento de juezas y jueces, en particular de la judicatura constitucional y de acuerdo con la experiencia, no es el factor más relevante o determinante para lograr objetivos tales como su independencia, imparcialidad o eficacia.

Cualquiera que sea la forma de nombramiento, si no se acompaña por una serie de garantías de diverso tipo que sean aplicadas durante el desempeño del cargo y después de su terminación, además de que deben concurrir en positivo una combinación de elementos que operan en otros sistemas (el sistema político, económico, mediático o el cultural) y sus contextos (desigualdad, confianza, malas prácticas), esa medida resulta irrelevante.

Hacia adentro del propio sistema jurídico y de justicia se requiere de órganos afinados que evalúen y generen mejora continua de sus instituciones y procedimientos.

Durante los debates registrados durante el proceso de reforma judicial, fue posible identificar numerosas propuestas que sería conveniente considerar e implementar lo más pronto posible para hacer más accesible, coherente, pronta,  expedita y eficaz la administración de justicia mexicana, la cual carga pesados fardos.

Así, por ejemplo, procede estudiar el que se construya un original servicio de mediación vecinal y comunitario como parte del sistema judicial; invertir mucho y bien en la cultura social de prevención de conflictos; multiplicar y extender en el territorio el número y calidad de las y los jueces; hacer un esfuerzo mayor y contundente para aplicar la digitalización en los procesos judiciales; simplificar lo más posible todos los códigos procesales y procedimientos judiciales y completar la oralidad; dar el paso a la colegiación y actualización sistemática de los abogados y operadores del Derecho; entre muchos otros.

Desde luego, es indispensable asumir, en términos de política jurídica y políticas públicas, que el sistema de justicia incluye la seguridad pública, la procuración o fiscales, las defensorías, la administración de justicia y la ejecución de penas. Es decir, policía, ministerios públicos, defensores, jueces y cárcel o sanciones. Por supuesto que también un sistema de inteligencia bien coordinado.

Cualquiera que sea el desenlace de la llamada reforma judicial, es urgente e indispensable realizar un esfuerzo mayúsculo de revisión y reingeniería entre esos sistemas y sus instituciones. Debe hacerse con la debida información, deliberación, sensibilidad y estrategia.

Desde luego, el paquete de la reforma judicial que se va a someter a aprobación en el Senado en días próximos contiene elementos valiosos para mejorar el servicio de justicia en el ámbito de su administración.

Empero, hay que admitir que no son suficientes para resolver el complejo problema socio jurídico de inseguridad, impunidad, corrupción e injusticia que padecemos en el país.