Amparos no funcionan contra la reforma judicial: AMLO
El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no funcionan los amparos presentados por 2 jueces en contra de la reforma judicial.
Este lunes, al ser cuestionado sobre los juicios de amparo 1190/2024–XVI y 1251/2024, promovidos por los juzgados Tercero de Chiapas y Quinto de Morelos que impedirían la discusión del proyecto conocido como Plan C, así como enviarlo para su aprobación por las legislaturas locales, López Obrador comentó:
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“No procede un amparo cuando tiene que ver con la reforma judicial que corresponde al Poder legislativo (…) ‘el juicio de amparo es improcedente contra adicciones o reformas a la Constitución Política (…) contra actos de la SCJN’ o sea, no funciona”.
Por lo que, para él ya no es un asunto jurídico, sino político, hasta politiquero, porque “están metidos personajes de la política, de los partidos opuestos, del conservadurismo” y otros personajes.
A su vez, señaló que dichos recursos interpuestos por los jueces de Morelos y Chiapas son una violación a la Carta Magna y al proceso legislativo porque, según su dicho, ya está resuelto en las leyes, en las jurisprudencias y la Constitución, por lo que, para él:
“Es una invasión franca, arbitraría, a la facultad que tiene el poder legislativo, es una violación a la división y al equilibrio que debe existir en los poderes”.
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Y tal fue su andanada en contra de los representantes del Judicial, que consideró que dicho Poder parece el Sistema Nacional para del Desarrollo de la Familia (DIF), porque hay muchas familias a su interior:
“Está demostrado que está lleno de familiares, es el Poder con más nepotismo de los 3 poderes. Trabajan esposas, hermanos, hijos, primos, papás, mamás, parece el DIF; es el poder de la familia, eso es lo que está en debate”.
Los amparos en cuestión
La semana pasada, 2 juzgados con sede en Morelos y Chiapas concedieron suspensiones provisionales contra el Plan C.
En el caso de Morelos, la jueza Quinta de Distrito concedió un amparo (con carácter de urgente debido a que los quejosos podrían ser cesados, lo que violentaría su derecho a audiencia y defensa) que impediría que la reforma se discuta en la Legislatura.
Mientras que el otorgado en Chiapas impediría a los Congresos locales aprobar la reforma una vez autorizada en San Lázaro; el recurso se sustenta en que, antes de aprobarse por las legislaturas locales, deberán analizarse las posibles violaciones constitucionales.
