Rápida y furiosa
Inusitada la reacción que tuvo la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, en contra de un juez que, indebidamente, ordenó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) nombrar a los magistrados que faltan para completar el pleno.
Inusitada por la forma, desde luego, porque su reacción fue inmediata y ayer mismo solicitó a la Cámara de Diputados que se le iniciara un proceso de juicio político al impartidor de justicia.
No se había visto antes, pero hay un antecedente que lo explica.
Se trata del juez Noveno de Distrito en Materia Administrativa, Rodrigo de la Peza López Figueroa, quien ordenó el jueves pasado al Tribunal que nombrara a dos magistrados o magistradas decanas para completar al pleno, que se compone de 7 integrantes.
De la Peza, que no tenía facultades para intervenir en temas electorales, dirigió su sentencia al TEPJF, porque reconoció que no podía dirigirla al Senado, que es el responsable de la designación de los magistrados faltantes.
El tema se convirtió en un escándalo; los magistrados electorales, con excepción de Janine Otálora, votaron incluso por interponer una denuncia penal.
De la Peza, sin embargo, ya estaba en el radar de la 4T por varias de sus resoluciones en contra de la Ley de Hidrocarburos y la reforma energética.
En junio de 2021, de la Peza y otro juez igualmente señalado por la 4T de actuar “por consigna’’, Juan Pablo Gómez Fierro, entonces especializados en competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión, otorgaron suspensiones en contra de la Ley de Hidrocarburos y un acuerdo (A/15/2021) de la Comisión Reguladora de Energía, que literalmente concedían a Pemex el monopolio de mercado de combustibles.
Los impartidores de justicia consideraron, en sus respectivos fallos, que Pemex “tenía un efecto monopólico en el mercado de combustibles’’ y ordenaron la reinstalación de la regulación asimétrica para las ventas de primera mano de hidrocarburos.
El efecto de esta decisión fue que Pemex readoptara las medidas incluidas en la reforma energética de 2014 que la obligan a vender los hidrocarburos a empresas privadas para el consumidor final.
La decisión errónea de De la Peza de aceptar un asunto de carácter electoral sin que fuera de su competencia, dio pie a que el gobierno recordará esas afrentas y de paso, alentó el discurso en contra del poder judicial, justo cuando se debate su futuro.
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¿Recuerda que hace una semana le comentamos en este espacio el tema de la empresa Duranpark y el intento del gobernador de Durango, Esteban Villegas, de expropiarle 200 hectáreas de terreno que le habían sido cedidas por el gobernador anterior?
Villegas justificó su decisión argumentando que Duranpark no “había cumplido con el compromiso de invertir 700 millones de pesos’’ en la construcción del Centro Logístico e Industrial de Durango (CLID).
Sin embargo, el mandatario omitió declarar que el monto comprometido de inversión es hasta el 2027 y con posibilidad de una prórroga.
El acuerdo que firmó la empresa (en febrero del 2022) con el exgobernador del estado, José Rosas Aispuro, establece un plazo de cinco años para completar el monto de inversión comprometido.
Es decir, que Duranpark tiene tres años más (y una prórroga de seis meses) para cumplir con el compromiso de inversión.
¿Por qué la prisa de quitarle esos terrenos a la empresa para entregarlos a otras interesadas, gobernador?
@adriantrejo
