Una reforma fiscal feminista urgente

En México, las mujeres pagan más impuestos y disfrutan menos de sus ingresos. Durante el sexenio obradorista, la informalidad laboral de las mujeres se ha incrementado debido a varios factores, como la pandemia, las labores de cuidado y la eliminación de programas de estancias infantiles. Según el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), en el cuarto trimestre de 2022 la tasa de informalidad femenina fue de 54.8%, frente al 48% de los hombres. Además, el ingreso promedio de las mujeres en condiciones de informalidad ha caído casi un 50%, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del INEGI.

La precariedad y la necesidad de trabajar jornadas medias hacen que las mujeres que laboran formalmente reciban en promedio 6,749 pesos mensuales, mientras que aquellas en informalidad apenas alcanzan los 3,509 pesos al mes. Sin embargo, las cargas no son iguales.

En la primera mitad de 2024, los productos de higiene como desodorantes, cremas corporales y maquillajes han superado la inflación general. Las mujeres gastan mucho más que los hombres solo por menstruar y cubrir necesidades básicas de salud. Estas cargas fiscales, derivadas de estructuras y políticas que no consideran las circunstancias específicas de las mujeres, resultan en una inequidad económica significativa.

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) se aplica de manera generalizada sobre bienes y servicios, pero afecta desproporcionadamente a las mujeres de bajos ingresos, que destinan una mayor proporción de sus ingresos a productos gravados con IVA, como artículos de cuidado personal y alimentos. A esto se suman los gastos de cuidado infantil, como los pañales.

Los impuestos indirectos y sobre el consumo, como el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), también impactan más a las mujeres si gravan productos comprados en mayor medida por ellas. Aunque se eliminó el IVA para productos de higiene femenina y medicamentos para cólicos, la informalidad laboral de muchas mujeres impide su acceso a la seguridad social, obligándolas a gastar hasta el 50% de su sueldo en salud y productos anticonceptivos.

Los impuestos directos, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), afectan a las mujeres de manera desigual debido a la brecha salarial de género. Si las mujeres ganan menos que los hombres por el mismo trabajo, terminan pagando proporcionalmente más impuestos sobre sus ingresos.

La falta de acceso a deducciones y créditos fiscales, especialmente para aquellas con ingresos más bajos o responsables del sostén familiar, agrava aún más la situación. Además, las mujeres enfrentan costos adicionales relacionados con el cuidado de niños y familiares mayores. Si las políticas fiscales no contemplan estos gastos como deducibles, las mujeres soportan una mayor carga financiera y fiscal.

La Comisión Independiente para la Igualdad con Justicia Fiscal, lanzada recientemente por el Dr. Gerardo Esquivel y Nora Lustig, busca construir una propuesta de reforma fiscal progresiva que acerque la justicia fiscal. Esta reforma debe ser feminista. Impulsar el emprendimiento femenino, ofrecer herramientas de deducción para mujeres y eliminar impuestos en productos esenciales, incluyendo la gratuidad de productos menstruales, son pasos imprescindibles para reconocer que las mujeres ganan menos y pagan más impuestos.

Nora Lustig destacó la necesidad de revisar el sistema fiscal mexicano, subrayando que aunque ha habido mejoras en la recaudación, aún estamos por debajo de los estándares internacionales. Propone fortalecer los impuestos existentes, explorar nuevas fuentes de ingreso como los impuestos ambientales y gravar la riqueza y las herencias para garantizar una mayor justicia fiscal y redistribución de recursos.

El “pink tax” o impuesto rosa, por el cual los productos dirigidos a mujeres son más caros que sus equivalentes para hombres, perpetúa la discriminación de género. Este sobrecosto, que abarca desde productos de cuidado personal hasta servicios de peluquería, debe ser combatido. Las mujeres necesitan productos de gestión menstrual, anticonceptivos y servicios de salud ginecológica gratuitos para vivir con dignidad.

El ISR debería contemplar una tasa menor para las mujeres, compensando el trabajo de cuidados no remunerado que realizan. Esta es la única manera de lograr una justicia fiscal que realmente promueva la equidad de género en México.

El ISR tendría que imponer un porcentaje menor para las mujeres, apenas y del 10% o 15% de los ingresos, pensando en la compensación de todo el trabajo de cuidados no pagado que realizan las mismas, gracias al cual, este país funciona y sigue “produciendo” humanos como fuerza laboral de empresas y gobiernos.

La desigualdad estructural es una deuda del Estado patriarcal que pueden comenzar pagando mediante respetar los ingresos de las mujeres y desarrollando herramientas para incrementarlos, como incentivar la formalidad para todas, instaurando estancias infantiles de calidad con el Sistema Nacional de Cuidados anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum y acercando la justicia fiscal a las que menos tienen.