Urgente, reforma al ineficiente poder judicial que afecta a la economía
Tengo otros datos
El anunció hecho hace unos días por el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, que a partir del próximo mes de septiembre podrían discutirse y aprobarse las 18 iniciativas que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión, incluida la reforma al poder judicial que plantea la elección por voto popular de jueces y ministros, provocó el nerviosismo de los mercados que hizo que el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayera de forma significativa y que el peso se depreciara frente al dólar.
El cambio en el poder judicial es urgente ya que la ineficiencia y lentitud del sistema de impartición de justicia mexicano tienen consecuencias negativas no solo en el área penal donde la falta de eficacia de jueces y magistrados dejan en prisión a personas inocentes durante mucho tiempo, sino también tiene efectos negativos en el ámbito económico pues sus decisiones afectan los bolsillos de millones de mexicanos.
La lentitud de los tribunales administrativos, mercantiles y laborales para dictar sentencias y ejecutarlas tienen consecuencias negativas sobre la economía que implica pérdidas millonarias para miles de trabajadores y merman la productividad y capacidad de inversión sobre todo de pequeñas y medianas empresas.
Un claro ejemplo de la lentitud de los tribunales que afectan al erario público, es el fallo de hace unos días del décimo octavo tribunal colegiado en materia administrativa que negó el amparo solicitado por Grupo Elektra; reafirmando la obligación de la compañía de pagar al Servicio de Administración Tributaria (SAT) por 2 mil 011 millones de pesos de un adeudo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente al ejercicio fiscal 2008.
La negativa de la empresa propiedad de Ricardo Salinas Pliego a pagar su adeudo fiscal data de hace 16 años y es apenas ahora que se da un fallo, sin embargo, está resolución no es definitiva ya que los abogados del magnate regiomontano todavía pueden hacer una apelación ante la Suprema Corte de Justicia y el caso se prolongaría más.
El ministro de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar hace unos meses atrajo la petición de amparo del Grupo Salinas, sin embargo, mantuvo guardado el expediente fiscal durante 8 meses, y no fue devuelto hasta que, el impartidor de justicia fue obligado a devolver a otro tribunal colegiado el expediente.
Lo exigido a una de las compañías del empresario regiomontano apenas representa el 3% de todas las presuntas obligaciones tributarias que el corporativo, de acuerdo con lo exhibido en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador del pasado 20 de marzo, tiene con el fisco mexicano.
La información del SAT habla que los adeudos tributarios de las empresas de Salinas Pliego son por más de 53 mil millones de pesos correspondientes a juicios fiscales como parte las auditorías ejecutadas a cuatro empresas por el Servicio de Administración Tributaria entre 2008 y 2018 y más de 10 mil millones de pesos por créditos fiscales.
El sistema judicial no ha puesto un freno al llamado Cártel Inmobiliario donde funcionarios de municipios y alcaldías coludidos con desarrolladores inmobiliarios y jueces de varias partes del país y sobre todo en la Ciudad de México especulan con escasez de terrenos disponibles en áreas centrales y bien ubicadas llevando a un aumento en los precios de la tierra, lo que a su vez impulsa el costo de la vivienda.
Los desarrolladores inmobiliarios, en connivencia con funcionarios corruptos y grupos de interés, adquieren terrenos a precios bajos mediante la coerción, la corrupción o la especulación, y luego construyen propiedades que venden o rentan a precios inflados.
Otro aspecto clave de la corrupción inmobiliaria es la falta de regulación efectiva y la impunidad. Aunque existen leyes y regulaciones destinadas a controlar el mercado inmobiliario y proteger a los consumidores, la corrupción y la falta de aplicación de la ley han permitido que los actores del cártel operen sin restricciones significativas.
El Banco de México elaboró un estudio para evaluar los impactos económicos que tiene la ineficiencia de la administración de la justicia en el país el cual fue publicado en junio del 2017 y que fue titulado: “Eficiencia del Sistema de Justicia y Desempeño Económico Regional en México”, el documento fue realizado por Juan Carlos Chávez Martín del Campo, Felipe J. Fonseca y Manuel de Jesús Gómez Zaldívar.
“El estado de derecho es una variable multidimensional que se aproxima regularmente con indicadores de derechos de propiedad, eficiencia e independencia del sistema judicial, tasas de criminalidad, combate a la corrupción, estabilidad política, etc.”.
Banco de México
A la conclusión que llega el estudio es que “consideramos que una característica fundamental que limita el crecimiento de México como un todo, y de sus entidades, es la insuficiencia del estado de derecho” y una marcada ineficiencia de la administración de justicia.
El estudio encargado por la institución bancaria muestra una gráfica que ilustra la relación entre tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) promedio de las entidades, en el periodo 2006-2013 y el tiempo promedio, en el mismo periodo, que tomó resolver conflictos comerciales en ellas. “En el cuadro se puede observar una clara relación negativa, y significativa, entre estas dos variables”; mientras hay un mayor tiempo de resolver el conflicto comercial hay un menor crecimiento económico de las entidades.
En 2023 el Congreso de la Unión le otorgo al Poder Judicial de la Federación un presupuesto de 78,544 millones 491,126 de pesos. Habría que recordar que la institución que encabeza Norma Piña está conformada por la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Electoral, los tribunales de circuito, los juzgados de distrito y el Consejo de la judicatura Federal.
El presupuesto para el Poder Judicial Federal no abarca la Fiscalía General de la República (FGR) ni tampoco están los 32 tribunales de justicia de cada entidad y sus fiscalías, los cuales en 2023 fueron superiores a los 300 mil millones de pesos; destacando que hay entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, que superan 5 a 1 el presupuesto asignado a estados como Chiapas, Oaxaca, o Guerrero.
La administración de la justicia en México es de las más onerosas del orbe, con altos sueldos y prestaciones para los impartidores de justicia, magníficas instalaciones, tan solo la Suprema Corte de Justicia de la Nación es dos veces más costosa que la Corte Suprema de los Estados Unidos, tres veces mayor que la de Canadá, Alemania, España y ya no se diga con Latinoamérica.
El sistema judicial mexicano está muy burocratizado y sobre regulado, ya que existen muchas formas de retrasar los juicios, como son las apelaciones, los amparos, las revisiones de los tribunales colegiados, además de la tardanza de jueces y magistrados en emitir sentencias definitivas y cuando estás son aprobadas muchas veces tardan años en ser ejecutadas, por eso cada año los requerimientos presupuestales son mayores.
En México hay que esperar muchos meses a que se admita a trámite una demanda, algunos años para recibir una sentencia y que esta no sea revocada hasta tener una sentencia definitiva y, finalmente, hasta un lustro para que esta se ejecute.
La reforma al poder judicial es urgente ya que la ineficiencia en la procuración de justicia influye negativamente en la economía del país, no hay poder más tiránico y omnipotente que el judicial en nuestro país, sin controles, sin contra pesos, hacen lo que les da su gana, no les importa la justicia.
En la actualidad los jueces y magistrados no están sujetos a evaluación de su eficiencia, no hay una numeraria de cuantos fallos les han revocado, o cuanto tiempo tardan en dar un veredicto, por lo que pueden estar años en su trabajo sin que los apuren o los molesten y perjudicando la economía de millones de mexicanos.
A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una segunda derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía y para las finanzas de los trabajadores y pequeñas y medianas empresas.
Es urgente hacer una reforma al poder judicial, ya que está institución está afectando desde hace muchos años la economía de los mexicanos.
Tiene razón el presidente Andrés Manuel López Obrador, que afirma que “la justicia está por encima de los mercados” ya que una cosa es el mercado controlado por los grandes capitales y otra cosa es la ineficiencia del poder judicial que afecta negativamente la economía de la mayoría de los mexicanos.
