No hay que confiarse

Cuando el presidente López Obrador advierte que la derecha está proyectando un golpe de Estado técnico, no está exagerando. Ciertamente, todo anuncia el triunfo de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, hay que destacar que si bien la llegada de López Obrador a la presidencia significó una derrota histórica para los partidos conservadores, la estructura de poder político construida durante los gobiernos post cardenistas por la clase dominante no ha sido desmantelada.

Hoy se alinean a la derecha, en primer lugar, los tres partidos del Pacto por México, PRI, PAN y PRD. A su lado, y diríamos mejor a su vanguardia, está un sector de la alta burguesía nacional. Cuentan además con una gran parte de la burguesía y de la pequeña burguesía y capas medias conservadoras aunadas a corrientes reaccionarias del gobierno de los Estados Unidos, de donde proviene el diseño de la estrategia del golpe blando, que se ha aplicado frecuentemente contra los gobiernos progresistas de América Latina. No sólo eso, internamente también a la derecha se forman la mayor parte del poder judicial, casi todos los medios de comunicación, un sector reaccionario -ahora encubierto- del ejército y una parte de las iglesias, en particular de la alta jerarquía católica y, lo que es muy peligroso, siguen detentando la mayoría aplastante y por lo mismo controlando el Instituto Nacional Electoral.

La derecha mexicana también ha recurrido, como en tiempos de Maximiliano, y desde siempre, a apoyos en el exterior para su estrategia antipopular y antinacional. Su candidata, además de reunirse y ponerse a las órdenes de empresarios y políticos de Estados Unidos y de la derecha y el fascismo españoles, ha pedido la vigilancia de la intervencionista OEA. Y aun más peligroso es el apoyo implícito y explícito de la derecha internacional que hoy ha avanzado en distintos países y que cada vez se ve más claramente su inclinación ideológica y política por lo que puede caracterizarse como un neofascismo, emparentado con el neoliberalismo en decadencia.

Hoy, las fuerzas de la derecha mexicana han recurrido a la estrategia de la guerra sucia. Precisamente porque todo apunta al triunfo electoral de la candidata de la alianza “Sigamos Haciendo Historia” Claudia Sheinbaum, por ello desesperadamente están intentando dos vías: una es concentrarse en sus candidatos al Congreso con el fin de evitar que la alianza de izquierda pueda alcanzar la mayoría calificada para poder modificar la Constitución; o sea, pretenden frustrar el llamado Plan C, que adquiere ahora la mayor importancia, porque durante la segunda mitad del sexenio se ha utilizado la estrategia de la guerra judicial para no aprobar las reformas progresistas a la Constitución propuestas por el ejecutivo.

El otro medio para rechazar las leyes que afectan sus intereses es recurrir a la presentación de amparos, para dar entrada a la Suprema Corte de Justicia, la cual, con cualquier pretexto, declara no aplicable la ley que no les gusta. De esta manera, la Suprema Corte de Justicia se ha adjudicado en los hechos un poder de veto frente al poder legislativo y al ejecutivo, con lo cual, aparte de colocarse por encima de los otros poderes de la unión, desconoce la mayoría que el voto popular le otorgó a la alianza de Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde Ecologista de México.

Otra vía de la estrategia de la derecha es acusar una supuesta elección de Estado y magnificar la violencia de la delincuencia organizada para dar pretexto al Tribunal Electoral, que es el encargado de calificar las elecciones, que las declare nulas, o sea para negar el triunfo de Claudia Sheinbaum. O dicho en otras palabras, una nueva forma de fraude electoral.

Frente a esas estrategias, el medio de derrotarlas es, en primer lugar, que el triunfo de Claudia sea contundente. Ya aprendimos, en las elecciones de 2018, que ese es el único camino para evitar el fraude electoral. Además, es necesario ganar el suficiente número de diputados y senadores para alcanzar la mayoría calificada.

Garantizar el triunfo de Claudia Sheinbaum y concretar el Plan C, implica abatir el abstencionismo y, también, avanzar en la organización y la conciencia popular. El regreso de la derecha a gobernar no sólo significaría la nueva entronización de la corrupción, de la pérdida de soberanía y la entrega de recursos naturales y humanos a la explotación extranjera, ni únicamente el despojo y la devastación de las condiciones de vida de los trabajadores del país, sino también una violenta represión revanchista como hemos visto en diversos momentos en América Latina.

La izquierda y las fuerzas progresistas todas tienen la responsabilidad de contribuir, mediante la organización popular, la lucha ideológica y el convencimiento, a la derrota de la derecha, para consolidar la revolución pacífica que estamos viviendo. Estamos viviendo un momento histórico, la 4T nos necesita. No hay que confiarse.