La reforma que AMLO firmó y que permite meter a cualquiera a la cárcel

El paquete de reformas que, el pasado lunes 5 de febrero, presentó el presidente López Obrador, en el aniversario 107º de la Constitución es una maniobra política electoral genial: trata de quitar el foco a los temas que no le están saliendo bien (la seguridad pública, el combate a la corrupción y la falta de agua) y en su lugar pone en la agenda pública temas que son vistosos y con los que prácticamente todo el electorado simpatiza.

¿Quién puede no estar de acuerdo con que los pueblos indígenas sean sujetos de mayores derechos públicos, que se asegure una atención médica gratuita e integral, que se protejan de mejor manera a los animales, que se cuide el agua y el medio ambiente, que el salario siempre quede por encima de la inflación, que como pensión se reciba el 100% del salario, que tengamos menos burócratas y que no tengan salarios de “ricos” y que se vayan los actuales juzgadores federales y en lugar vengan nuevos -nombrados por el pueblo- y que cada litigio que les llegue sea resuelto en no más de seis meses?

Las iniciativas arriba presentadas son un plan perfecto para buscar simpatías electorales y cambiar las narrativas que le afectan. La prensa, en sus portadas de ayer, sí le dedicó todas las ocho columnas al evento presidencial.

Así que hasta ahora va bien el plan oficial, aunque sus 20 iniciativas tengan pocas probabilidades de ser aprobadas, dada la actual composición del Congreso de la Unión. Hay, sin embargo, una iniciativa de la que no se ha hablado: la reforma al artículo 19 de la Constitución, la cual desentona con el resto de las reformas presentadas pues convertiría al presidente en un tirano que busca meter a la cárcel a cualquier ciudadano y no da ni a los jueces la oportunidad de revisar las acusaciones del Ministerio Público.

La propuesta presidencial consta de dos partes: 1) pide que haya cárcel, sin investigación en forma contra el acusado -lo que se conoce como prisión preventiva oficiosa (PPO)- y en ésta el juez “debe ordenar” la prisión sí o sí; y 2) aumenta el tipo de delitos para la PPO a: la extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando o la expedición de facturas que, a juicio de la autoridad, sean irregulares.

Así, como todo es a juicio de la autoridad, te podrán sembrar en el coche algo de droga, decir que estás extorsionando a alguien, que omitiste cualquier monto en tu declaración fiscal, o que el SAT ponga en duda las facturas que expides o que recibes, y con eso te iras a la cárcel años. Literalmente años.

Se ha abusado tanto del sistema penal y en particular de la PPO que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica, sentenció en enero del año pasado que esta figura de meter a la cárcel a la gente sin investigación y sin causa justificada iba en contra los derechos humanos de los mexicanos. Incluso se le ordenó al Estado mexicano modificar cómo opera la prisión preventiva oficiosa, pero lejos de ello la están ampliando y redactando para poder usarla contra cualquier ciudadano.

Me parece que al presidente López Obrador alguien le dijo que la iniciativa era para combatir el fentanilo y las drogas sintéticas, pero la realidad es que ese alguien se pasó de listo y redactó un catálogo para meter a la cárcel a opositores políticos, a periodistas a empresarios o a cualquier persona que le incomode al régimen y/o al Ministerio Público.

Es un abuso lo que se está cometiendo y va claramente en contra de los acuerdos internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. Y, no lo digo yo, lo dijo ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Es una pena que al presidente le hayan metido este “gol” y le hayan dicho que era para combatir el fentanilo y dejar tranquilos a los norteamericanos. Todo lo contrario: la iniciativa no se va a aprobar, quedamos fatal con los EU y los organismos de derechos humanos al violar todo tipo de salvaguardas y todo ello pues los ministerios públicos quieren herramientas para meter rápido a la gente a la cárcel y que los jueces ni preguntas hagan. Toda una dictadura el régimen penal que han plasmado y del que los creadores ni la cara dan pues se escudan en la firma del presidente.

¿Sabrá entonces el presidente que le han pedido tener facultades como las que sólo hay en regímenes como Cuba, Nicaragua y Venezuela? Yo pienso que no, pero el presidente debiera retirar su iniciativa pues lo deja como un dictador, mientras que los redactores de este aberrante texto permanecen en el anonimato. Aunque es fácil pensar quiénes pudieran estar detrás de esta peligrosa reforma constitucional.