Camino libre de Guadalupe Taddei en el INE y el feminicidio de gobernadora indígena

Las resistencias en el Consejo General del INE que han impedido el nombramiento de diversos espacios clave en la estructura del organismo electoral han quedado disueltas.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha autorizado a la Consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei Zavala, a realizar nombramientos de funcionarios faltantes en el órgano autónomo, incluyendo la Secretaría Ejecutiva, sin requerir la aprobación del Consejo General. Durante la Sesión Pública del Tribunal Electoral, la mayoría de los magistrados respaldó el proyecto resolutivo presentado por su titular, Mónica Soto Fregoso. Tanto ella como los magistrados Felipe de la Mata y Felipe Fuentes dieron su aprobación al proyecto, mientras que Reyes Rodríguez Mondragón y Janine Otálora manifestaron su desacuerdo.

Dos lecturas son valiosas: primero, la necesidad de garantizar gobernabilidad y certeza ante el periodo electoral que ha iniciado. Certeza que se encontraba bajo la amenaza de operar bajo una estructura acéfala después de no lograr acuerdos. La segunda y la más preocupante se encuentra en el hecho de que estos nombramientos no logren mantener la independencia e idoneidad necesaria para que la operación de la jornada electoral y su preparación sea validada por la mayoría del Consejo.

La resolución del TEPJF deja sin efecto la imposición de plazos de 30 días para que la Consejera presidenta presente propuestas y de 12 meses como límite temporal para las encargadurías de despacho, así como las condiciones de formar parte de la estructura del área respectiva, ocupar un cargo inmediato inferior al del titular y ser miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional o la persona de mayor antigüedad. En consecuencia, Guadalupe Taddei podrá proponer al Consejo General las personas titulares de las áreas pendientes y, en caso de no ser aprobadas, designar a las personas encargadas de despacho.

Sin embargo, en el caso de la Secretaría Ejecutiva, la encargaduría deberá ser asumida por alguna de las personas titulares de las direcciones ejecutivas o encargados de despecho de las mismas que estén en funciones al momento de la resolución y que cumplan con los requisitos establecidos por la ley.

Las designaciones podrán ejercer aquellos cargos hasta la conclusión del proceso electoral, en el entendido de que, si el Consejo General del INE alcanza los consensos necesarios – que hasta el momento, no ha logrado- podrá realizar las designaciones conforme al procedimiento vigente, según el Tribunal. Las áreas del INE actualmente con encargados de despacho o acéfalas incluyen: Secretaría Ejecutiva, Prerrogativas y Partidos Políticos, Servicio Profesional Electoral Nacional, Administración, Coordinación Nacional de Comunicación Social, Fiscalización, Transparencia y Protección de Datos Personales, Dirección Jurídica, Servicios Informáticos y Contencioso Electoral.

Es relevante destacar que Edmundo Jacobo Molina, quien lideraba la Secretaría Ejecutiva, dejó el cargo en marzo del año pasado después de 14 años en la élite burocrática. Su salida estuvo marcada por críticas y presiones, especialmente relacionadas con el llamado Plan B de la Reforma Electoral. El cargo de secretario Ejecutivo del INE es considerado el segundo más importante en el Instituto, desempeñando un papel crucial como “mano derecha” de la presidencia y supervisando el trabajo de diversas áreas. Guadalupe Taddei había propuesto inicialmente a Roberto Carlos Félix López, María Elena Cornejo Esparza y Miguel Ángel Patiño Arroyo, pero sus nominaciones no fueron aprobadas.

Un detalle que llama la atención es la manera en la que Marko Cortés ha evidenciado la dinámica cupular de operación con el PRI por el caso de Coahuila, en un esquema que durante las últimas décadas prevaleció para repartir un sinfín de cargos, cuotas, consejeros, presidencias de organismos “autónomos”, notarías, candidaturas, secretarías, gubernaturas y otro sinfín de espacios que guardan una herencia de la oligarquía arraigada.

El peor escenario es que el oficialismo pague con la misma moneda y únicamente vivamos una sustitución de cúpulas con cuotas y cuates de otras fuerzas.

El feminicidio de Aronia Wilson Tambo, gobernadora de la etnia Cucapah

Ser mujer, indígena, ambientalista y cabeza de una de las etnias más afectada por la crisis hidríca es combo de muerte. El caso de Wilson, una defensora del agua y el territorio, deja en evidencia la brutalidad con la que se busca frenar la participación femenina.

Wilson, nacida el 1 de julio de 1959 en el ejido de Pozas de Arvizu, se convirtió en 2012 en la primera mujer en ocupar el cargo de gobernadora tradicional, aunque inicialmente asumió como suplente debido a la enfermedad crónica de su hermano, el gobernador indígena Nicolás Wilson Tambo.

El mensaje de su asesinato va más allá de la violencia individual; es un grito desesperado que resuena en las entrañas de una sociedad que permite, una y otra vez, que las mujeres con poder sean víctimas de la impunidad. ¿Cómo es posible que una figura destacada, luchadora por el agua y el territorio, sea silenciada de esta manera?

Fue un hombre el que le arrebató la vida en su propio hogar.

Las autoridades, al menos, han detenido a una persona de interés y están investigando su posible participación en el crimen. Sin embargo, este caso plantea interrogantes más amplias sobre la seguridad de las mujeres en roles de liderazgo y el clima de impunidad que amenaza a las mujeres que aspiran o tienen poder.

¿Qué mensaje se envía a las mujeres con poder cuando la respuesta a sus voces es la violencia y la muerte? El de disuadir la participación, atemorizar a las que alzan la voz, sembrar miedo al poder. Un mandato en el que pareciera castigarse a las que no se someten al poder de ellos.

La tragedia de Wilson no debería ser simplemente una estadística más en la lista de feminicidios. Su muerte debe ser un llamado urgente a la acción, un recordatorio de lo que viven ambientalistas y defensores del territorio que han sido acechados en todo el país, no sólo por los grupos del crimen sino también, por empresas extractivistas que se incomodan ante la defensa de recursos naturales. Y pensar que el lugar más peligroso para las mujeres, inclusive las que guardan liderazgo y reconocimiento en sus comunidades, sigue siendo el hogar.