Armas en público, constitucionales en EU previo a elecciones y su impacto en México

La reciente decisión de una corte federal de apelaciones al permitir que no se implemente una nueva ley en California, que prohibía llevar armas en la mayoría de los lugares públicos, despierta preocupaciones fundamentales sobre la seguridad no solo en Estados Unidos, sino también en México. El asunto es que esta ley se promulgó después de una decisión histórica en junio de 2022 por la Corte Suprema de EU, de mayoría conservadora, que amplió los derechos de las armas en todo el país.

En ese caso, la Corte Suprema anuló el estricto régimen de permisos de armas de Nueva York y declaró por primera vez que el derecho a poseer y portar armas bajo la Segunda Enmienda protege el derecho de una persona a llevar una pistola en público para la autodefensa. El asunto es que más allá del ciudadano común y corriente, en Estados Unidos existen tanto tiendas, asociaciones como células encargadas de armar a México mediante el tráfico legal e ilegal aprovechando este tipo de disposiciones que son, a su vez, impulsadas por el bloque más conservador de los republicanos alegando el supuesto riesgo a la violencia que en realidad, se desata y vive en nuestro país.

En aquel momento, la Asociación de Rifles y Pistolas del Estado de Nueva York v. Bruen, también estableció una nueva prueba para evaluar la constitucionalidad de las leyes de armas al sostener que deben ser “coherentes con la tradición histórica de regulación de armas de la nación”.

California estaba entre un grupo de estados con leyes similares a Nueva York y, tras la decisión de la Corte Suprema de EU, se movió para renovar sus regulaciones de armas de fuego.

Bajo la nueva ley de California, las personas no podían llevar armas ocultas en 26 categorías de “lugares sensibles”, que incluyen hospitales, parques infantiles, estadios, zoológicos y lugares de culto, independientemente de si tenían permisos para portar armas ocultas. Paradójicamente, además de escuelas donde jóvenes son víctimas de tiroteos, justamente los espacios públicos como centros comerciales han sido lugares reiterados en los que ocurren tragedias relacionadas a inocentes atacados por armas.

La ley, conocida como Proyecto de Ley del Senado 2, también prohibía a las personas tener armas ocultas en establecimientos comerciales privados abiertos al público, a menos que el operador del negocio coloque un letrero que permita a los titulares de licencias portar armas en sus instalaciones.

Lo que la corte federal de apelaciones permitió el sábado  fue contrariar la decisión de un juez, que prohibió a California hacer cumplir esta legislación prohibitiva al considerarla inconstitucional.

La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EU disolvió una orden de un panel diferente del Noveno Circuito de una semana antes que suspendió una medida cautelar emitida por un juez que concluyó que la ley del estado liderado por los demócratas violaba el derecho de los ciudadanos a poseer y portar armas según la Segunda Enmienda de la Constitución de EU. La orden de la semana pasada había suspendido temporalmente la medida cautelar y permitió que la ley entrara en vigencia el 1 de enero, sin embargo, conservadores y defensores de los derechos de las armas pidieron al Noveno Circuito que reconsiderara y, el sábado, un panel diferente de jueces disolvió aquella orden.

Este acontecimiento resalta cómo la laxitud en las normas sobre armas puede tener consecuencias peligrosas que se extienden más allá de las fronteras.

Esta medida, en lugar de ser una salvaguardia para la seguridad, podría convertirse en un regalo involuntario para los contrabandistas de armas que operan entre ambos países.

Para dimensionar: El flujo constante de armas desde Estados Unidos hacia México, alimentado por la proximidad a la próspera industria de armas y municiones del país vecino, ha sido motivo de seria preocupación desde 2020. La cifra alarmante del 70% de las armas en México provenientes de Estados Unidos subraya la magnitud del problema. Los cárteles, aprovechando la relativa facilidad para adquirir armas en territorio estadounidense, han tejido una red de tráfico que no solo sostiene sus operaciones, sino que también amenaza la estabilidad y seguridad de México. Basta mirar las cifras de la primera semana del año en Guerrero, Tamaulipas, Guanajuato, Michoacán, Tabasco y Chiapas.

La relajación de las normas sobre armas, como se evidencia en California, podría intensificar este problema. La decisión de la corte federal, que detiene momentáneamente la prohibición de llevar armas en público, otorga un nuevo impulso a aquellos que buscan explotar la porosa frontera legal para su beneficio. Las organizaciones criminales, operando como células terroristas, emplean ciudadanos estadounidenses como intermediarios para comprar armas en todo el país, incluso en estados tan distantes como Wisconsin y Alaska. Este arsenal se introduce clandestinamente en México, amenazando aún más la frágil condición de seguridad en México en la que, por cierto, los cárteles ya tienen acceso a mejores armas, como el caso de Guerrero en donde logran exterminar comunidades enteras utilizando drones con explosivos.

La facilidad con la que las armas cruzan la frontera es un recordatorio de que las decisiones en un país pueden tener repercusiones significativas en otro. Este peligroso baile de armas, agravado por la liberalización de las normas sobre armas, amenaza con aumentar la violencia y poner en riesgo no solo a los ciudadanos mexicanos sino también a estadounidenses, y esto es lo que tendría que estar sobre la misma mesa que busca frenar el paso de migrantes que llegan a Estados Unidos desde México. ¿Cómo es posible que los haitianos y latinoamericanos no logren llegar, pero las armas norteamericanas si puedan cruzar? En contexto electoral, la ultraderecha se anota puntos a través del poder judicial, pues el juez de distrito Cormac Carney, fue designado por el ex presidente republicano George W. Bush y el 20 de diciembre se puso del lado de los titulares de licencias y grupos, incluidos la Coalición de Políticas de Armas, la Fundación de la Segunda Enmienda y la Asociación de Propietarios de Armas de EU.

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