¿Orden o represión?
El presidente de Argentina, Javier Milei recientemente anunció medidas contra los manifestantes que obstruyan las vías públicas. La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, declaró que se suspenderán los beneficios sociales a quienes participen en dichas protestas. Además, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, informó sobre la implementación del “Protocolo Antipiquetes”, permitiendo a las fuerzas federales intervenir en protestas y portar armas de fuego. Estas acciones han sido criticadas por organizaciones sociales y la ONU, al considerarlas una criminalización de la protesta pacífica.
La medida gubernamental argentina busca evitar que líderes de movimientos sociales coaccionen a la gente a protestar mediante apoyos sociales, una acusación difícil de demostrar. El plan incluye una auditoría para eliminar intermediarios en la administración de beneficios sociales, garantizando que la participación en marchas sea voluntaria. Además, se sancionará a adultos que protesten con menores de 18 años. Algunas organizaciones interpretan esto como un intento de limitar la participación política de los jóvenes.
Estas políticas, orientadas a regular o reprimir manifestaciones y la distribución de ayudas sociales, son justificadas por el gobierno en nombre del orden público, argumento común en regímenes autoritarios., que han generado controversia, preocupación y rechazo tanto en Argentina como en el mundo.
