Rutas malditas, el saldo de Diego Sinhue y el reino de la impunidad de Zamarripa

Cada día, una nueva atrocidad se anuncia pretendiendo desbancar a todas las demás.

Hay datos claros y contundentes para analizar lo que se vive en Guanajuato: El primero, que la matanza de Salvatierra no fue un enfrentamiento entre cárteles ni los jóvenes asesinados o asistentes tenían historial de algún tipo de consumo de sustancias.

El segundo, que los grupos del crimen organizado han monopolizado la violencia, superando en capacidad, armas y presencia territorial a las autoridades de todos los niveles que ahora mismo se reparten culpas. El fenómeno se ha observado en Texcaltitlán, en donde la Familia Michoacana, casi en funciones de nueva inquisición, “castigaba” con levantones o balazos la infidelidad de las mujeres. Tras la masacre, el machismo se ha disparado al difundir opiniones como que las mujeres que se encontraban en el lugar eran “indecentes por estar fuera de casa a las 3am”.

El tercero que se relaciona con la franja de Guanajuato que tiene como corredor carretero los municipios que conectan con Michoacán, en donde la violencia detonada guarda una íntima relación con la ruta del tráfico de drogas y personas. En esa franja, Irapuato, Salvatierra, Celaya y municipios aledaños se ha detonado la violencia, el homicidio doloso, el reclutamiento forzado, los feminicidios y las desapariciones.

El fenómeno de grupos del crimen organizado que suplen funciones del estado, “grupos paramilitares” o “grupos paramafiosos”, guardan diversos contextos que lejos del consumo de sustancias, están marcados porque el estado enfrenta debilidad institucional, corrupción o falta de capacidad para garantizar el orden y la seguridad.

Los grupos paramilitares en Guanajuato van controlando territorios que les son útiles o imprescindibles para mover todo tipo de sustancias y personas cruzando por el bajío, hacia Michoacán por Maravatío o desde aquel estado hacia Celaya y San Luis Potosí. Lo más peligroso de esos grupos es que parecen ejercer influencia política, participar en actividades ilícitas y, en algunos casos, imponer su propia forma de justicia.

El saldo letal de Diego Sinhue, un país que mata a sus jóvenes y mujeres

A lo largo de los últimos cinco años y tres meses en los que Diego Sinhue Rodríguez Vallejo ha ejercido como gobernador de Guanajuato, se han contabilizado 14,666 homicidios dolosos, según los datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Guanajuato, catalogado como una de las cinco entidades más afectadas por la violencia en los últimos años, según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), resalta como la región más peligrosa para los jóvenes, con 9,939 fallecimientos únicamente entre 2019 y 2022, abarcando así cuatro años de la administración panista, según información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

A pesar de que la Constitución mandata una corresponsabilidad entre todo nivel de autoridades, desde municipal hasta federal, la realidad del abandono que se vive en Guanajuato supera cualquier ficción. Probablemente, sea una estrategia para desgastar hasta el punto en que los que viven en esa entidad, se cansen y castiguen al partido que mantiene al fiscal Zamarripa por más de 13 años en el cargo. El hecho es que, aunque cambiara el color que gobierna la entidad, los poderes fácticos como el crimen organizado han rebasado cualquier criterio de buena o mala mano para gobernar. Aun así, el récord mortal del Gobernador Diego Sinhue es aterrador si nos enfocamos en que las principales víctimas, según el Inegi, son personas jóvenes de entre 15 y 35 años de edad.

Si analizamos lo ocurrido la madrugada del pasado domingo, en Salvatierra, tomando en cuenta que es un municipio con apenas de 35 mil habitantes al sur del estado, la tasa homicida se relativiza al máximo. Lejos del consumo de drogas ni la Guardia Nacional ni las policías locales se atreven a enfrentarse al crimen que está, en muchas localidades, armado e integrado en fortaleza notoria frente a las fuerzas del Estado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha subrayado la necesidad de otorgar un tratamiento especial a Guanajuato, al considerar que la entidad requiere una intervención estatal urgente. AMLO ha expresado su inquietud por la gestión del fiscal general de justicia guanajuatense, Carlos Zamarripa Aguirre, y ha instado a su relevo, argumentando que, bajo su liderazgo, el estado se ha posicionado como el más violento a nivel nacional. Sin embargo, la función preventiva depende más de la Secretaría de Seguridad y de las estrategias de inteligencia para desarticular grupos comenzando por cortar todo tipo de financiamiento, actividades y rutas a través de las cuales consiguen armas.

Aunque las causas estructurales de la violencia que señala el presidente pudieran existir, el hecho de que López Obrador vincule este fenómeno con problemas sociales como la desintegración familiar, el abandono de los jóvenes y la soledad es totalmente revictimizante pues en el fondo, deslinda al Estado de su responsabilidad de garantizar la seguridad y permitir que territorialmente, algunas entidades sean tierra de nadie.

Y sí, el hervidero del crimen perfecto es la impunidad, pues aquellos delitos sin consecuencias y sin forma de resolverse permite hacer crecer la sensación entre los infractores de que pueden disponer a diestra y siniestra de las vidas ajenas.

Guanajuato continúa enfrentando cifras alarmantes de homicidios dolosos, liderando la lista a nivel nacional en lo que va del presente año, con 2,400 asesinatos registrados por el SESNSP. Desde que Diego Sinhue Rodríguez asumió la gubernatura en septiembre de 2018, la incidencia delictiva ha experimentado un preocupante aumento, generando llamados a la adopción de medidas urgentes para abordar la crisis de seguridad en el estado. No es el consumo, presidente. Son las rutas del crimen organizado y la ausencia total del Estado.