Preparando las estrategias electorales
Tradicionalmente, las estrategias electorales se enfocan en la oferta partidaria y la demanda social y ciudadana; los actores principales; sus fortalezas y debilidades; alianzas directas e indirectas, expresas o embozadas; las ideas fuerza; modalidades de comunicación; ataque y contraataque; el corto, mediano y largo plazo, y, desde luego, el reparto de posiciones, deberes y financiamiento.
Sin embargo, para efectos del análisis también se pueden observar cinco pistas: el sistema de partidos; de gobierno; electoral; mediático; y la ciudadanía.
El sistema mexicano de partidos políticos se halla en plena reconfiguración y así afrontará las elecciones en curso.
Si durante décadas el sistema político mexicano gozó de reconocida estabilidad fue porque el partido hegemónico, el PRI, logró imponer condiciones y los gobiernos revolucionarios fueron capaces de financiar el desarrollo social, hasta que el modelo entró en crisis y se agotó.
A ese sistema le sucedió otro, formalmente pluralista moderado, con entre 9 y 10 partidos, el cual fue gobernado con políticas neoliberales por el PRI y el PAN, con la adhesión del PRD a partir del Pacto por México de 2012 que enfrentó una serie de contrapuntos conducentes al fracaso.
Dado el giro antineoliberal que fue creciendo de 2015 en adelante e hizo eclosión en 2018, ese sistema se tornó esencialmente bipartidario y polarizado entre Morena-PT-PVEM, por una parte, y el PRI-PAN-PRD, por la otra, y en esas condiciones opera actualmente, aun cuando Movimiento Ciudadano (MC) haya postulado precandidato propio, necesariamente divisivo.
Si se consideran los números y las posibilidades de triunfo de las dos coaliciones y MC para la presidencia de la República, es de asumir que el resultado, aunque hasta ahora favorece a Morena y aliados, no está asegurado para ninguno.
Es mejor apreciarlo así, sobre todo si se tiene en cuenta la hipótesis de Gabriel González-Molina en su muy comentada obra: “Switchers S2: el segmento de la orfandad”, pues propone que la elección la definirá el sector joven de votantes indecisos o cambiantes.
En relación con el Congreso y sus dos cámaras, los cálculos y distribución de nominaciones permiten augurar que la competencia será muy reñida y conseguir la mayoría absoluta o 50% más 1 en diputados o senadores será muy difícil, aunque no imposible
Al respecto, es de advertir que no bastará con que se examinen los resultados de los comicios de 2018 o 2021 y se presenten a la reelección la mayoría de los congresistas –quizás, por el contrario– sino que los respectivos liderazgos partidarios, gobernadores y hasta presidentes municipales poderosos, además de los aspirantes frustrados y otros actores no formales deben alinearse con aquellas pretensiones. Nada sencillo, pero posible.
En la segunda pista, la del sistema de gobierno, hay que considerar los desempeños de los titulares de los cargos en disputa en las 9 gubernaturas y miles de cargos municipales.
Si bien Morena cuenta con una evidente presencia y capacidad de operación gubernamental, durante las precampañas en curso ya está enfrentando los límites constitucionales que le obligan a la neutralidad e imparcialidad en el uso de recursos públicos y la propaganda (más de 200 casos en trámite) bajo el riesgo de activar causales sancionatorias y, en el largo plazo, la nulidad de las elecciones.
De allí la relevancia de la tercera pista, el sistema electoral, desde donde las autoridades nacionales –federales, locales y propiamente de nivel constitucional– es decir, el INE y el TEPJF, además de las fiscalías en materia penal electoral, comienzan a modular la contienda mediante una serie de importantes decisiones, por ejemplo, en el tema de género, las cuales no siempre son armónicas y tampoco pacíficas en relación con las estrategias partidarias.
Ante la función de resolución judicial de los conflictos electorales, en la que el TEPJF ha elevado el parámetro de la exigencia de apego a la normatividad y las buenas prácticas, a través del concepto de “integridad”, las estrategias electorales también deben afinarse.
En la cuarta pista, la del sistema de comunicación masiva, tanto los medios tradicionales como las redes sociales juegan roles clave, pero no libres, puesto que están regulados por la normatividad y las autoridades electorales –con todas las debilidades que el sistema padece– e incluso los “influencers” pueden ser sujetos de responsabilidad y sanciones si incurren en malas prácticas, todo ello en busca de elecciones con auténticas o justas.
En la quinta pista se mueve la ciudadanía y la población, en general.
Hay diversos aspectos para el análisis, pero me limitaré a dos muy notorios.
Uno es la dimensión regional pues todo indica que será la faja central del país, en particular Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Puebla y Veracruz los que pueden definir el equilibrio entre el norte más “anti” y el sur promorenista.
Otro es el humor social pues en algunos sectores hay desazón con el desempeño de los gobiernos morenistas y aliados en temas de seguridad, salud o pérdida de posición o beneficios.
Si se observan los patrones de votación de otros países, incluida la reciente elección en Argentina, es notorio que los votantes están castigando a los gobiernos en funciones dado su subdesempeño, aunque el caso mexicano pueda confirmar esa regla por la vía de la excepción. Aquí es recomendable no olvidar que en las últimas 5 elecciones presidenciales el presidente saliente no pudo “poner” candidatura o sucesor.
Así pues, supongamos que en México la alternancia no ocurra a nivel presidencial, o bien, que el castigo no sea decisivo. Lo más probable es que el electorado tibio gire o divida su voto para generar equilibrios en el Congreso federal y diversos espacios locales. La democracia mexicana se reforzaría con una nueva inyección de pluralidad, ojalá que sin desmedro de las condiciones suficientes de conducción y gobernabilidad efectiva.
En conclusión, el juego está abierto y los resultados siguen siendo inciertos. Los estrategas y operadores tienen trabajo extra.