Decepción de fiscalías autónomas: Se propone endurecer penas por crímenes de odio y no se aplica

Cada día parece ser más sombría, misteriosa e inexplicable la muerte de le magistrade Ociel Baena. Además de los celulares y pertenencias robadas a los padres en su propio hogar mientras transcurría el funeral de la pareja, el silencio y carpetazo de la Fiscalía de Aguascalientes parece ser contundente. Esa entidad, una de las más conservadoras, ha sido el epicentro de una campaña en redes sociales en la que se sugiere que el crimen fue una consecuencia de “el estado perturbado de mente” por las identidades de Baena y las preferencias de Dorian. Mario Fernández, abogado simpatizante de la derecha y auto declarado católico, panista, liberal, ha sido uno de los voceros de estas ideas.

Desde los pasillos de la legislación, una propuesta se presenta contra la sombra de los crímenes de odio dirigidos a la comunidad LGBTIQ+. México ocupa el segundo lugar entre países más violentos contra las personas trans, solamente después de Brasil. Si lo pensamos desde los últimos lamentables episodios como la represión contra la afición argentina que hizo retirarse al equipo liderado por Messi; los robos y violencia contra las “Swifties” que intentaban disfrutar un concierto de Taylor Swift; la violencia es antónimo de civilidad y, por lo tanto, también es el extremo opuesto de democracia. Sostener discursos de odio es de personas no civilizadas. Alimentarlos causa muertes. ¿Cómo empezar? Desde la educación, la normalización de la diversidad y las alternativas que plantean propuestas como lo siguiente.

Elevar sanciones agravando los delitos de odio contra la comunidad LGBTTTIQ+

Nazario Norberto Sánchez, presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ha presentado una iniciativa para modificar el Código Penal Federal, buscando evitar que estos crímenes queden invisibilizados o impunes en todo el país.

La propuesta, ahora en manos de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia para su evaluación, tiene como objetivo destacar y confrontar la violencia sufrida por individuos de la diversidad sexual y de género en México. En el corazón de la propuesta yace la modificación al artículo 315 del Código Penal Federal, proponiendo que el homicidio y las lesiones motivadas por odio relacionadas con el sexo, la orientación sexual o la identidad de género sean consideradas circunstancias agravantes.

Desde la tribuna del Congreso de la Ciudad de México, Nazario Norberto Sánchez subrayó que esta enmienda no solo tendría en cuenta las acciones personales del perpetrador, sino también aquellas expresadas a través de medios de comunicación o redes sociales, manifestando rechazo, repudio, desprecio o intolerancia hacia la víctima. Además, se pretende considerar amenazas o acoso previo al delito como factores relevantes.

La propuesta, más allá de ser un ajuste legal, busca armonizar el marco jurídico mexicano con estándares internacionales de derechos humanos y las recomendaciones de organismos internacionales y regionales. Nazario Norberto subrayó que esta iniciativa busca enviar un mensaje fuerte a la sociedad, reafirmando el compromiso del Estado mexicano en la erradicación de cualquier forma de violencia contra las personas de la diversidad sexual y de género.

El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana reconoció la gravedad de la violencia que atenta contra la dignidad, la integridad y la vida de aquellos que simplemente buscan vivir auténticamente. Con cifras alarmantes provenientes del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio contra Personas LGBTIQ+, se evidencia la urgencia de medidas como esta. México, siendo el segundo país de América Latina con más crímenes de odio contra esta comunidad después de Brasil, se enfrenta a una realidad ineludible.

Esta iniciativa tiene como emblema la “Ley Ociel Baena”, en nombre del crimen contra le magistrado Ociel Baena, subrayando la vulnerabilidad y riesgo que enfrentan las personas de la diversidad sexual y de género, incluso en roles públicos destacados. La falta de una legislación uniforme que penalice los crímenes de odio por motivos de sexo, orientación sexual o identidad de género, y que garantice acceso a la justicia y no repetición, se presenta como un vacío legal que esta propuesta busca llenar.

En este momento, solo 12 estados mexicanos consideran el homicidio por odio como una agravante en sus códigos penales, cada uno con denominaciones y alcances diversos. El Código Penal Federal, por su parte, omite considerar el homicidio por motivos de odio relacionados con el sexo, orientación sexual o identidad de género. Nazario Norberto destacó esta omisión como una violación al principio de igualdad y no discriminación, consagrado en la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Prevenir y luego, combatir la impunidad

No hay propuesta suficiente que pueda cambiar por arte de magia la ineficiencia y falta de transparencia con que las Fiscalías actúan. Simplemente, entre la Fiscalía de Aguascalientes, Guanajuato y Jalisco se concentran las más altas estadísticas de impunidad. Poco sirve que haya condenas infinitas si es que no se atiende en la construcción de un tejido social que condene los discursos de odio, los detenga y que prevenga todo tipo de violencia. La terrible realidad de la intolerancia contra la diversidad es que en ella converge el extremismo religioso, el extremismo radical feminista que niega a las personas trans, el conservadurismo clasista de quienes consideran que las expresiones de género son “de nacos” o “vulgares” así como el conservadurismo de las personas mayores de 35 años que no tiene en sus círculos a personas de la comunidad trans o diversa y que, por lo tanto, no logran empatizar con los que son distintos.

Ahora resulta necesario cuestionar y evaluar la autonomía de las Fiscalías, pues comenzando por Gertz Manero, el anhelo por erradicar el uso político de las Procuradurías llenaron de poder disfrazado de “autonomía” a varias instituciones que han abandonado su naturaleza persecutora del delito para convertirse en persecutoras de la disidencia, sea cultural, feminista, identitaria o política. Otro ejemplo de la perversidad de la autonomía es Tamaulipas o Zacatecas. Tamaulipas es un motor de impunidad que encubre al ex gobernador Cabeza de Vaca mientras que la de Zacatecas se ha convertido en un gran departamento de maquillaje de estadísticas, ante la que no hay verdad, búsqueda ni justicia.