Politizar no ayuda a la causa LGBT+: el caso del magistrade Jesús Ociel Baena
“Qué sabe nadie
Lo que me gusta o no me gusta de este mundo
Qué sabe nadie
Lo que prefiero o no prefiero en el amor
A veces, oigo, sin querer, algún murmullo
Ni le hago caso, y yo me río, y me pregunto
Qué sabe nadie
Si ni yo mismo, muchas veces, sé qué quiero
Qué sabe nadie
Por lo que vibra de emoción mi corazón
De mis placeres y mis íntimos deseos
Qué sabe nadie
Qué sabe nadie.”
RAPHAEL
“You’re making me go
Then making me stay
Why do you hurt me so bad?
It would help me to know
Do I stand in your way
Or am I the best thing you’ve had?
Believe me, believe me
I can’t tell you why
But I’m trapped by your love
And I’m chained to your side
We are young
Heartache to heartache
We stand
No promises
No demands
Love is a battlefield.”
PAT BENATAR
Ningún ser humano merece morir violentamente y mucho menos de una forma atroz.
México es el segundo país de América Latina con mayor número de crímenes de odio contra la comunidad LGBT+. En 2022 se reportaron 87 homicidios de personas en razón de su orientación sexual o identidad de género en nuestro país (hay algunas organizaciones que consideran que este número sería de alrededor de 200 personas si sus muertes fueran tipificadas o catalogadas adecuadamente).
Más del 50% de los asesinatos antes mencionados fueron de mujeres trans, seguidas por hombres homosexuales (estos contabilizan el 25%). Los homicidios se llevaron a cabo en 24 de las 32 entidades federativas de nuestro país. El deshonroso primer lugar correspondió a Oaxaca ,con 11 asesinados; Veracruz, con 10; Chihuahua, con 9, y el Estado de México, con 7 (fuente: Organización ‘Letra S’).
Es importante mencionar que en ninguno de estos casos hubo manifestaciones de protesta; tampoco la CNDH inició algún tipo de averiguación o hizo denuncia…
Ahora, para el caso de Jesús Ociel Baena y su pareja, la Comisión decidió moverse.
Me temo que la razón es sencilla y una sola: no es porque se trate o no de un crimen en contra de la comunidad LGBTTIQ+, sino de que ha encontrado una oportunidad de señalar a un gobierno de oposición y a una fiscalía autónoma. Lo que ya es una tragedia ahora se convierte en una forma de presión y de lucro político.
Por supuesto que se debe aplicar el protocolo LGBTTIQ+; indispensable honrar cada vida, todas son importantes. Mas ello no da derecho para que, desde la tribuna del Congreso de la Unión, la diputada María Clemente García Moreno culpe sin pruebas a Lilly Téllez de la muerte de Ociel. Eso no es justicia, es otra forma de inquisición; de ejercer la misma discriminación de la cual se dice objeto. Nulo favor le hace la legisladora a la comunidad que representa.
Sin duda alguna se condena cualquier expresión en redes, en medios públicos y privados, en contra de la comunidad LGBT+. Mas, así como no se deben permitir los crímenes de odio, tampoco las expresiones de esa misma naturaleza.
Por la información que se conoce al momento, la Fiscalía de Aguascalientes pareciera estar actuado con celeridad y con corrección. Ha descartado elementos de discriminación en el caso de la muerte de Ociel y su pareja dadas las evidencias que existen. Lamentablemente todo indica que su pareja le asesinó y luego se suicidó, si bien —como el mismo fiscal ha mencionado— en ningún momento se ha descartado considerar el crimen fuera motivado por la discriminación y el odio.
Las pruebas encontradas —la casa cerrada por dentro sin signos de violencia, las cámaras exteriores que solo muestran cómo nadie más entró a la casa donde tuvieron lugar los hechos, entre otras— indican que no se trató de un crimen de odio. Nadie, ni siquiera su propia familia, han aportado elementos específicos y pruebas fehacientes que contradigan estos indicios.
Si esta teoría fundamentada en pruebas se fortalece y se constata, se entenderá que el asesinato no se debió por motivos de discriminación. Habrán habido motivos pasionales que solo ellos conocen que llevaron a esta tragedia. Y en ese sentido, una cosa es la lucha por las minorías y en contra de la discriminación y otra muy distinta un evento trágico, lamentable, de un crimen pasional que se dio en el seno de la relación de una pareja.
La comunidad LGBT+ ha sido muy lastimada, criticada, denostada y violentada, a través de los años. El número de asesinatos de la comunidad en nuestro país da muestra palpable de ello. Sin embargo el politizar el caso de Ociel en lugar de apoyarla solo la perjudica.
La marcha del lunes fue “orgánica”, esto es, aún se desconocían las primeras declaraciones que dio la fiscalía estatal. Mas, con posterioridad a ello, darle vuelo a la posición de la CNDH es lucrar con lo que es de por sí una tragedia.
Sugiero concentrarnos en hacer lo conducente y lo que esté de nuestra parte para mejorar el sistema de procuración de justicia y las condiciones de inclusión en el país, pero también aprendamos a aquilatar y priorizar: la ocurrencia de una y miles de muertes violentas, en segunda instancia el lenguaje incluyente y muy al último lugar los intereses de corte político. En otras palabras, una sociedad incluyente comienza por el acceso fácil para las personas con algún tipo de discapacidad, la igualdad de oportunidades independientemente de las orientaciones de género y/o sexuales, la protección de los derechos fundamentales. El lenguaje inclusivo no se limita al uso de una “e”; parte de contar con banquetas lisas y con rampas para quienes utilizan sillas de ruedas, calles con señalética en Braille, banquetas con guías para ciegos y los semáforos con ruido para que puedan atravesar, más gente que sepa lenguaje de señas. Que respetemos, escuchemos e integremos a quienes no piensan como nosotros.
Aprendamos a distinguir e identificar a las autoridades que realmente han luchando por las causas de policías asesinados, feminicidios, desaparecidos, crímenes de odio en contra de integrantes de la comunidad LGBT+. Atendamos esos llamados, no a los de ocasión.
Politizar el caso de Ociel Baena no ayuda a la comunidad LGBT+; genera mayor desconocimiento y discriminación, eso sí.