Los peligrosos precedentes sentados por Arturo Zaldívar

La reciente renuncia del ministro Arturo Zaldívar a la Suprema Corte de Justicia ha conmocionado al Poder Judicial, a la comunidad jurídica y a la opinión pública nacional. A pesar de haber dejado un legado aceptable en la Corte tras su apoyo a temas controversiales como la legalización de la marihuana y el matrimonio de personas del mismo sexo, el descarado destape del ministro como abierto correligionario de la 4T ha suscitado innumerables cuestionamientos en torno a la legalidad y legitimidad del acto.

No es motivo de debate el derecho de que un ciudadano mexicano, en ejercicio de sus libertades, sea libre expresar sus opiniones o de apoyar posturas políticas en favor de uno u otro candidato. Ningún analista serio hubiese alzado la mano para denunciar un hecho semejante por parte de un político de carrera, de un alcalde o de un legislador. Sin embargo, como miembro del máximo tribunal jurisdiccional del país, Arturo Saldívar está – o estaba- obligado a acatar una serie de leyes, lineamientos y normas no escritas.

En primer lugar, un peligroso precedente sentado tras la renuncia de Zaldívar reside en el hecho de que un ministro haya abiertamente trabajado en la Corte en favor de un proyecto político. Lejos de haber buscado en todo momento velar por el respeto de la letra constitucional, todo indica que detrás de sus argumentos jurídicos esgrimidos para defender sus resoluciones yacían razonamientos de corte político, destinados a defender el proyecto del presidente AMLO.

En otras palabras, Zaldívar ha puesto vulgarmente de manifiesto que la Suprema Corte, o al menos, un buen número de sus miembros, es un cuerpo profundamente politizado que podría no jugar el juego de la defensa de la Constitución, sino estar sujeta a los vaivenes de la política partidista.

Otro precedente ha sido el mensaje enviado a todos los estudiantes de derecho que aspiran un día a convertirse en destacados abogados. Si algún día miraron a la Corte como una institución respetable cuya misión fundacional era la defensa de la Constitución, este halo de imparcialidad podría ceder a que el máximo tribunal fuese percibido como un instrumento más de la política de un poderoso presidente que busca atragantarse de poder dominando al resto de los poderes de la Unión.

Como otro procedente, destaco el desdén expresado por la ley. ¿Dónde han quedado los principios inalienables de la división de poderes y el imperativo de que los ministros NO deben actuar de acuerdo a sus preferencias políticas personales, sino bajo el razonamiento de la legalidad?

En suma, la reciente renuncia de Zaldívar y la desfachatez de haber osado hacer una fotografía con un candidato son un signo inequívoco de la inobservancia de los principios del Poder Judicial, un golpe asestado contra el prestigio personal de un ministro, una mancha en la historia del Poder Judicial, una traición al espíritu constitucional y un camino trazado hacia la desaparición en los hechos de uno de los contrapesos del Estado mexicano.

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