¿Fideicomisos judiciales a Acapulco? El Estado de derecho ha muerto

La reacción que la presidenta del poder judicial, ministra Norma Piña, ha tenido frente a la sugerencia presidencial de la mañanera de este martes sobre llegar a un acuerdo entre el legislativo y aquel poder para destinar los fondos de los 13 fideicomisos desaparecidos de los 14 existentes, que ascienden a cerca de 15 millones de pesos, ha sido desconcertante.

Lejos de ser una “jugada maestra”, como calificó cierta parte de la opinión pública, parece ser una señal de la ausencia de Estado de derecho que, si bien, inscrita dentro de los dimes y diretes cotidianos, parece inteligente, lo que no se explica es: ¿cómo es que disponen, tanto presidente, legisladores y ministra, de un presupuesto que según lo que ya está aprobado y publicado en el Diario Oficial de la Federación tendría que incorporarse a la Tesorería de la Federación para destinarse al Plan Nacional de Desarrollo? ¿Cómo es que la propia Junta de Coordinación Política intenta corregir, mediante un acuerdo, lo que se aprobó siguiendo un proceso legislativo en Cámara de Diputados y Senadores? ¿Acaso el reto de la ministra Norma Piña es manzana envenenada ante la imposibilidad de alterar por impulso o designio los fines de tales recursos?

Que no me malinterprete el lector, la idea es maravillosa. El puerto de Acapulco, sus zonas rurales, los hogares del pueblo afectado y la infraestructura pública que permite el acceso a servicios de calidad necesitan seguro mucho más que aquellos 15 mil millones de pesos. Tan sólo en estimaciones de aseguradoras y Cámaras de Comercio locales, se estima que los daños ya rebasan los 300 mil millones de pesos. Simplemente, la preocupación es que el propio Poder Judicial, que tiene como función constitucional velar por el apego de la ley y reformas al marco legal, sea capaz de aceptar un ¿reto mencionado en conferencia de prensa? respecto de recursos cuyo articulado que se aprueba previamente ya contempla destino.

Y lo peor. Que un par de horas después de que la ministra Norma Piña acepta, mediante un oficio, la oferta presidencial, un juzgador federal concede la suspensión provisional de la reforma que extingue los fideicomisos a María del Carmen Cordero Martínez, magistrada del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo de Chihuahua, o sea, queda inaplicable por el momento. La ministra Piña sabe bien que, en tanto no se resuelvan los amparos por la reforma ya aprobada, ya publicada en el Diario Oficial de la Federación, que ya surtió sus efectos, ni ella, ni el legislativo y mucho menos el presidente puede disponer de aquellos recursos. Por mucha buena voluntad que haya y por notoria necesidad que exista. Lo sorprendente es que, con tal de responder y caer en el juego, la ministra Piña pierda la seriedad y formalidad que le ha caracterizado para involucrarse en un intríngulis donde ya hay determinación previa que dice lo siguiente:

“Los recursos, así como los productos y aprovechamientos derivados de los mismos, independientemente del ejercicio fiscal en que se hayan originado y que formen parte de los instrumentos jurídicos que por razón del presente Decreto se extinguen o terminan, deberán enterarse en términos del artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria a las unidades administrativas con funciones de tesorería en los órganos que conforman al Poder Judicial de la Federación, las que a su vez, deberán enterar la totalidad de dichos recursos a la Tesorería de la Federación al término del plazo señalado en el artículo segundo transitorio del presente Decreto”

Ese plazo es de 120 días. Esto ya se aprobó de manera rápida por legisladores durante semanas previas. Justamente los fideicomisos se constituyen para evitar improvisaciones, para que de la nada, una ocurrencia no acabe con ahorros previstos para un objetivo específico, que desde la constitución de un fideicomiso queda establecido. Lo que preocupa es que, pareciera, no hay suficientes recursos de previsión para catástrofes naturales y ahora, ante la enorme necesidad y cuantioso impacto del huracán Otis, no esperado como cualquier desastre, se busca desesperadamente de donde sacar más. Para que al final, el administrador de aquel recurso sea el ejército y su administración, calificada de “seguridad nacional” como se acostumbra, no vuelva a transparentarse y jamás sepamos, en realidad, cómo se aplicó.

Tres pizcas de legalidad pueden exigirse sin caer en mezquindad:

Ni la ministra Piña ni el presidente López Obrador pueden, por opiniones u oficios, modificar o acordar sobre presupuesto cuyas reformas competen al Congreso de la Unión; hacerlo es jugar con la esperanza y expectativa ciudadana, concretarlo es violar la legalidad, pero simplemente prometerlo es ruin por ser prácticamente inviable e ilegal. No se vale jugar con la credibilidad de aquellos que, en serio, celebran esto y lo creen como si por Mañanera se concretaran los actos legales como la disposición de tal cantidad o de los fideicomisos en disputa. Es una vil mentira que hasta analistas serios se han comprado.
Ni siquiera el Poder Legislativo, en este preciso momento, es capaz de echarse atrás sobre reformas que ellos mismos ya aprobaron, que ya pasaron su curso en comisiones, que ya se votaron en el pleno de Cámara de Diputados y en el pleno de Cámara de Senadores, que ya se envió a la Consejería Jurídica del ejecutivo, que ya se publicó y entró en vigor en términos de sus propios artículos transitorios. Ninguna circular o documento, como el que publica la JUCOPO sin seguir el mismo proceso legislativo, puede impulsivamente cambiar el destino de un presupuesto que ordenaron destinar al Plan Nacional de Desarrollo, ni siquiera a los programas sociales. Igual aquellos fideicomisos extintos pudieron terminar en el Tren Maya o cualquier obra de no ser por la suspensión provisional que ahora mismo mantiene todo en pausa.
Suponiendo y sin conceder que existiese voluntad política para destinar la extinción de fideicomisos del Poder Judicial a los damnificados por el paso de Otis en Acapulco, Guerrero, tendrían que darse bastantes explicaciones, empezando por la ministra presidenta del Poder Judicial de la Federación: ¿Acaso no sostuvo por varios días que eliminar tales fideicomisos atenta contra los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial? Entonces, si es que ese dinero se va a los damnificados ¿qué pasa con las prestaciones y derechos laborales que tanto han defendido? También alegaron que, sin esos fideicomisos, el Poder Judicial no sería funcional ¿Entonces al final, si podían disponerse de aquellos recursos sin afectar funcionamiento ni trabajadores? ¿Para eso tanta marcha? En fin.

Por el momento, lector, no nos dejemos engañar: A menos que la ministra ordene a la Contraloría una transferencia de recursos sin seguir la legalidad para liquidar fideicomisos, es imposible destinar aquellos recursos a la reconstrucción o a los damnificados en tanto que no se resuelvan los amparos por la reforma aprobada. Ni las mañaneras, ni los oficios, ni las circulares, ni los tuits ni los desafíos pueden más que una reforma legal aprobada y el proceso legislativo que contempla la Constitución. Y si es que si pueden, el Estado de Derecho ha muerto.

Marcelo Ebrard se desinfla en la última encuesta de El Financiero, Samuel García sería gran candidato en 2030

Octubre cerró con una encuesta escalofriante que, hasta el viento europeo, donde se pasea Marcelo Ebrard, tiene miedo. En el careo, Claudia Sheinbaum se mantiene como indiscutible puntera con 46 puntos y diferencia por más de dos cifras del segundo lugar, 18 puntos para ser precisos, que, según esta encuesta, muestra una caída de Xóchitl Gálvez en las preferencias con negativos históricos que demuestran cómo la política del show y las reacciones mal habladas no son bien aceptadas cuando no se perciben auténticas.

Lo curioso de la encuesta es que no muestra gran diferencia en los puntos de Movimiento Ciudadano al comparar a Marcelo Ebrard con 9% con Samuel García con 8%. Marcelo Ebrard se ha desinflado y mientras mayor tiempo pasa, su indefinición lo acerca al lugar incómodo en el que lo poco que le queda para negociar son candidaturas para su equipo, que al igual que él, parece indeciso entre dejar el Movimiento de Regeneración Nacional, tener uno propio o quedarse en la izquierda aglutinada mexicana. Mientras que Samuel García, con todo y el incómodo lugar en que le ha colocado haber pedido licencia después de tantas promesas en Nuevo León, se perfila como uno de los jóvenes con mayores posibilidades de crecimiento partiendo de que sus negativos son mínimos. Samuel García garantiza cohesión interna en el partido naranja, cuya militancia se ha multiplicado en cuestión de años, pero que se ha mostrado herida por la simple idea de convertirse en satélites del guinda que tanto combaten.

Postular a Marcelo Ebrard podría implicar a Dante Delgado una ruptura interna, peor que la que vive en Jalisco con Enrique Alfaro. Samuel García tiene aún por crecer un amplio techo que le coloca estratégicamente en ventaja hacia 2030 pero en política, donde todo cambia, debe ser cuidadoso para no convertirse en un damnificado de su propia aspiración. No sea que le pase como a Ricardo Anaya, que de ser la joven promesa terminó en el exilio.