Quieren quedarse con el Poder Judicial

El presidente AMLO tiene un talante fuertemente autoritario. Así como cree firmemente en sus propias convicciones y en su estatura moral, está convencido de que el proyecto que él encabeza no debe tener límites ni contrapesos, y por ello, cualquier ataque contra la democracia liberal y la Constitución se justifican por los medios. ¡Todo sea por la profundización de la 4T!

AMLO ha fortalecido la cabeza del Poder Ejecutivo con la centralización de la toma de decisiones, sujetando a las dependencias de Estado a un presidencialismo nunca antes visto desde la transición de poderes de 2000.

En adición, el desmantelamiento de los organismos autónomos (algunos desaparecieron de la Constitución y otros se han vuelto inoperantes tras los recortes presupuestales) hizo posible que el Ejecutivo recobrase esas competencias que algún dieron fueron propias; pero que habían sido otorgados a instituciones autónomas. Ello condujo invariablemente al engrosamiento de los poderes del presidente, provocando una vuelta hacia el presidencialismo de corte priista caracterizado por la fortísima presencia del jefe del Ejecutivo.

En relación con el Legislativo, AMLO, erigido y reconocido como líder moral del movimiento, ejerció desde el inicio – y continúa ejerciendo- un poder inmenso sobre los diputados y senadores de Morena; quizá no porque los legisladores compartan personalmente los principios abanderados por el presidente, sino porque saben de que él depende su futuro político.

Así como dominan el Ejecutivo y el Legislativo, van ahora a por el Judicial. Las resoluciones de la Suprema Corte contrarias a los intereses de la 4T han sido el detonante para la embestida. Sin embargo, necesitan una profunda reforma constitucional, y hacia allá van dirigidos sus esfuerzos.

El plan de AMLO y de Morena consiste en debilitar públicamente a la Suprema Corte, utilizando la artimaña de su rechazo a la desaparición de los fideicomisos, con el objetivo de que Claudia Sheinbaum adopte el eslogan de la reforma judicial como parte de su lema de campaña.

Una vez instalada en Palacio Nacional – así lo esperan los morenistas- y con el dominio de Morena y sus aliados con las dos terceras partes del Congreso, la nueva presidenta se sentirá “legitimada” para reformar la Constitución y buscará impulsar una reforma en materia judicial que corrompa la naturaleza de la Corte y convierta a los jueces en actores políticos “cercanos” a los principios de su movimiento. ¡Así lo ha querido el pueblo y lo demostró en las urnas! – gritarán los simpatizantes de la 4T.

A partir de la entrada en vigor de la reforma – piensan los morenistas – los magistrados de la Suprema Corte serán electos por sufragio popular, y la nueva presidenta se encargará de que las listas estén integradas por hombres “buenos” y “honestos”. Léase, pues, que abracen los movimientos de la 4T. En este hipotético contexto, poco importaría la formación de los futuros magistrados y su compromiso con la legalidad constitucional.

Esta reforma conduciría inevitablemente a una regresión democrática sin precedente en el México moderno.