Son dos las expresiones clave para entender por qué es correcta la exigencia del poder judicial de que no se extingan sus fideicomisos y no se recorte drásticamente su presupuesto.

Una de tales expresiones es independencia judicial.La otra, carga de trabajo.

La independencia judicial depende directamente de la independencia económica. Esto significa que jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras deben tener remuneraciones y prestaciones absolutamente dignas, es decir, suficientes para vivir sin apuros con sus familias.

La carga de trabajo ha sido definida como los requerimientos físicos y psicológicos a los que está sometido un trabajador o una trabajadora en su jornada laboral. Para que cualquier institución funcione con eficacia, la carga de trabajo de sus integrantes debe ser razonable, vale decir, intensa y prolongada como para cumplir con las responsabilidades, pero de ninguna manera tan fatigante que lleve a la improductividad.

Si el recorte al presupuesto y la extinción de fideicomisos del poder judicial minan la independencia económica de las personas juzgadoras, la sociedad mexicana se verá muy negativamente afectada.

Y si, por el recorte presupuestal y la desaparición de fideicomisos, se obliga a jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras a atender más asuntos de los que puede adecuadamente analizar una persona dedicada al derecho, estaremos ante el riesgo de sentencias que tardarán demasiados años en llegar o que se resolverán rápidamente pero sin que los asuntos hayan sido estudiados con la profundidad debida.

Estadísticas del poder judicial federal

Cito sin entrecomillar un documento del poder judicial federal que circulan en redes sociales:

Para 2024, el poder judicial ha solicitado un presupuesto que representa el 0.9% del presupuesto de egresos de la federación.Tal porcentaje ha disminuido desde 2017, cuando representaba el 1.4%.El presupuesto del poder judicial para 2023 equivale al 0.26% del producto interno bruto. En 2018 era el 0.30%; una disminución de 12.84% en 5 años.En 2020, en países europeos con PIB per cápita similar al de México, el costo de los sistemas judiciales representó 0.42% del producto interno bruto.Ese año, en América Latina los países destinaron en promedio 0.56% de su PIB a tribunales de justicia: Brasil 0.81%, Colombia 0.71% y Chile 0.52%.El 86.1% del presupuesto del poder judicial en 2023 ha sido para el pago de remuneraciones de las más de 55 mil 800 personas que lo integran, de las cuales, 8 de cada 10 realizan labores jurisdiccionales.México cuenta con un promedio de 5 personas juzgadoras por cada 100 mil habitantes. El estándar internacional es de 65 y el promedio latinoamericano es de 18.Pronto, al menos una de cada 100 personas tendrá en México un conflicto judicial, lo cual representará alrededor de 1.3 millones de casos nuevos: más del 72% del total de los asuntos resueltos en 2022.Lo anterior significa cargas de trabajo adicionales enormes.¿Los ingresos de quienes trabajan en el poder judicial? Desde 2018 no se han incrementado los sueldos a mandos medios y superiores, a pesar de la inflación.Tal pérdida de poder adquisitivo complica alcanzar el ideal de independencia económica. Si jueces y juezas, magistrados y magistradas, ministros y ministras actúan con independencia judicial se debe, más que a sus salarios y prestaciones, a su vocación. Pero no se les debe castigar todavía más con disminuciones en sus ingresos reales.Un instituto muy importante se vería seriamente dañado por un recorte drástico, el de la defensoría pública, que apoya a la gente de manera gratuita en más de 32 mil 500 asuntos.Un tribunal muy perjudicado con los recortes sería el electoral. Terrible en año de elecciones presidenciales, que coincidirán con la renovación del congreso y de las gubernaturas en nueve entidades.México se obligó por el tratado comercial con Canadá y Estados Unidos a crear nuevos órganos, que sin recursos no podrán siquiera plantearse.Pese a lo que se ha dicho de los sueldazos de ministros y ministras, lo que reciben quienes integran la corte suprema, la judicatura y la sala superior del tribunal electoral apenas llega 0.16% del total del presupuesto.En 2019 se realizó de manera voluntaria una disminución del 25% en los sueldos más altos.Los gastos operativos del poder judicial son perfectamente normales en el contexto del sector público mexicano.

Recorte

Además de la extinción de los famosos fideicomisos, diputados y diputadas de Morena pretenden recortes fuertes al presupuesto del poder judicial. Se habla de entre 15 y 25 mil millones de pesos, lo que implicaría:

Regresar al poder judicial a la situación presupuestal de 2015.Desaparecer el 63% de los juzgados de distrito y el 69% de los tribunales colegiados de circuito, lo que incrementaría brutalmente la carga de trabajo.Se perdería el 35% de la capacidad laboral del poder judicial. Otro excesivo aumento en la carga de trabajo.Se pondría en riesgo la atención de más de 3 millones 541 mil asuntos.Tal recorte complicaría a los juzgados limitar el ejercicio abusivo del poder público.Prácticamente desaparecería la asesoría jurídica gratuita, de la que se benefician en promedio 76 mil mexicanos y mexicanas.

El sagrado derecho a la necedad

Con menos recursos, el poder judicial tendría que ajustarse, esto es, desaparecer juzgados y despedir gente. Pero la carga de trabajo seguirá en aumento.

Por cierto, el poder judicial no tiene el derecho de decir NO a las tonterías que solo representan pérdida de tiempo y de dinero. Contaré una historia personal.

Hace años el estrambótico Alfredo Jalife, antisemita profesional, me demandó por daño moral. Él me criticó en Twitter, le respondí, me insultó, le devolví los insultos, se enojó y recurrió a abogados para, según él, darme una lección.

Jalife solo iba a quedar satisfecho si yo le pagaba una indemnización de ¡¡¡500 millones de pesos!!! En eso estimaba el valor de su honor, que en su opinión yo había lastimado —aunque solo respondí a sus ofensas con las palabras que él utilizó—. Clásico debate de Twitter o X: “Chinga tu madre”, “la tuya”. Nada para escandalizarse.

En dos noticieros de radio comenté la insensatez de Jalife, quien se enojó todavía más y demandó a Ciro Gómez Leyva, de Radio Fórmula, y a Luis Cárdenas, de W Radio. Por 500 millones de pesos a cada uno.

Era pura necedad de Jalide. Pero, al menos la demanda contra mí, él la siguió hasta el final en un tribunal colegiado. En ninguna etapa del proceso le dieron la razón porque no la tenía. Pero Jalife todo lo peleaba. Inclusive buscó meter a la cárcel a una jueza.

Sus necedades solo hacían trabajar de más a los juzgados. Después de que gané pregunté a un magistrado cuántos litigios bobos tienen que resolver en su colegiado. Contestó: “Demasiados, como si no tuviéramos trabajo serio”.

Está bien, el derecho a la necedad es sagrado. Pero, para el poder judicial, eso es no solo pérdida de tiempo, sino también desperdicio de recursos en asuntos ridículos.

¿No habría manera de que la SCJN en una de sus tantas controversias constitucionales obligara a pagar una multa por adelantado a quien demande a tontas y a locas, como por ejemplo al gobierno de Coahuila que rechaza los libros de testo gratuitos?

Por cierto, Alfredo Jalife después de que perdió el litigio me demandó de nuevo, pero ya no por 500 millones de pesos, sino por 600 millones. Cuando lo batearon en la primera instancia abandonó el litigio, que yo debí seguir hasta que se cerrara.

Y bueno, aunque Ripley no lo crea, a su primer abogado Jalife también lo demandó: durante años lo acusó de haber cometido errores y quería dinero por eso.

Un solo necio, antisemita además, le costó años y años de utilización improductiva de recursos humanos y materiales al poder judicial. Como si las personas juzgadoras no tuvieran nada que hacer.

Y sí, con menos recursos para operar el poder judicial deberá prescindir de tribunales, pero la carga de trabajo —necedades incluidas— seguirá creciendo.

Peor aún, afectadas sus prestaciones y sin incrementos a sus salarios, la independencia económica de las personas juzgadoras se verá comprometida y, por tal motivo, también su independencia judicial.

Sasil

En Chiapas hay siete personas aspirantes a la candidatura a gobernador o gobernadora de la entidad:

Patricia Armendáriz.Rosa Irene Urbina.Sasil de León.Eduardo Ramírez.José Manuel Pepe Cruz.José Antonio Aguilar.Carlos Morales Vázquez

Pepe Cruz se está cometiendo errores graves. Se equivocó en la contienda presidencial interna de Morena al apoyar a quien quedó en cuarto lugar, Adán Augusto López. Y ahora, Cruz comete el mismo error que el exsecretario de Gobernación, el de gastar de más en promoción.

Según las encuestas que circulan en Chiapas, José Manuel Cruz es el más conocido entre los hombres que desean la candidatura a gobernador.

En tal estado, hay que subrayarlo, la mujer chiapaneca con mejores resultados en las mediciones de preferencias electorales es Sasil de León, quien en la interna presidencial apoyó a Claudia Sheinbaum.

La verdad de las cosas es que Sasil y Pepe Cruz están muy cerca del empate técnico en los estudios conocidos, así que la ventaja es de ella, ya que su posición competitiva destaca entre las mujeres de Morena que buscan ser gobernadoras; en popularidad tiene los niveles de Rocío Nahle, de Veracruz, y Clara Brugada, de la Ciudad de México.

Su buena posición la ha logrado Sasil sin los excesos propagandísticos de don Pepe Cruz, quien por lo visto no aprendió de la pésima experiencia de Adán Augusto.

Claudia, otras dos encuestas

He dado seguimiento a las ya numerosas encuestas que se han publicado relacionadas con las elecciones presidenciales. En todos los estudios Claudia Sheinbaum supera con ventajas enormes a Xóchitl Gálvez. Recientemente se dieron a conocer otras dos mediciones, y en ambas la aspirante de Morena arrasa a la representante de la derecha empresarial.

Enseguida los resultados de Mendoza Blanco & Asociados y de CE Research: